Por Álvaro Cotes Córdoba
La reciente ratificación de Carlos Alberto Pinedo Cuello como alcalde de Santa Marta por parte del Consejo de Estado ha generado un nuevo capítulo en la controversia que rodea su elección. Aunque el fallo de la Sección Quinta del alto tribunal puso fin a las demandas que buscaban anular su designación, fuentes fidedignas han revelado información que apunta a posibles acuerdos detrás de escena, relacionados con los movimientos administrativos realizados por Pinedo antes de la decisión judicial.
Según estas fuentes, los tres cambios realizados en el equipo de gobierno de Pinedo antes del fallo del Consejo de Estado podrían estar vinculados a cuotas políticas de quienes habrían financiado ese favor. Estas modificaciones, que han pasado desapercibidas para muchos, levantan sospechas sobre si responden a compromisos adquiridos con sectores que respaldaron económicamente su candidatura. Aunque no se han revelado nombres específicos ni pruebas concretas, las acusaciones sugieren que estos movimientos serían una forma de retribuir apoyos de los últimos favores.
La elección de Pinedo, que se consolidó tras un largo proceso judicial, estuvo marcada por la anulación de los votos de su principal contendiente, Jorge Luis Agudelo Apreza, del movimiento Fuerza Ciudadana. La Comisión Escrutadora Municipal, basándose en una revocatoria judicial, calificó los votos de Agudelo como no marcados, lo que permitió a Pinedo asumir el cargo con 85.372 votos. Este hecho, sumado a las denuncias de presuntas irregularidades en la financiación de campañas, ha mantenido a Santa Marta en el centro de la atención política.
Las fuentes consultadas, que prefieren mantenerse en el anonimato, indican que los cambios en el gabinete de Pinedo podrían estar relacionados con “pago de favores” a quienes habrían aportado recursos significativos para el esperado gran favor. Estos movimientos, según las mismas fuentes, no serían meras decisiones administrativas, sino estratégicas para consolidar alianzas con sectores influyentes en la ciudad. Sin embargo, hasta el momento, no se han presentado pruebas documentales que sustenten estas afirmaciones, lo que deja el asunto en el terreno de la especulación, aunque con un eco significativo en la opinión pública.
El contexto político de Santa Marta no es ajeno a este tipo de controversias. La ciudad ha sido escenario de una polarización histórica, especialmente entre Pinedo y el movimiento Fuerza Ciudadana, liderado por Carlos Caicedo, quien ha denunciado en repetidas ocasiones supuestas conexiones de Pinedo con clanes políticos y grupos de poder económico en la región. En 2024, Caicedo incluso señaló presuntos vínculos de Pinedo con estructuras paramilitares, acusaciones que el alcalde ha rechazado categóricamente.
Por su parte, Pinedo ha defendido su gestión y la legitimidad de su elección, destacando que siempre confió en la justicia y que su administración está enfocada en transformar Santa Marta. En un mensaje reciente, el alcalde expresó: “La ratificación de mi elección como Alcalde de los samarios me llena de más compromiso y de ganas de avanzar con mucha entrega y disciplina, para lograr los objetivos que nos hemos trazado: la transformación de nuestra amada Santa Marta”.
No obstante, las sospechas sobre las cuotas políticas y la financiación de su campaña no son nuevas. En el marco de las elecciones territoriales de 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha enfatizado la importancia de la transparencia en la financiación de campañas, exigiendo a los candidatos presentar informes detallados de ingresos y gastos a través del software “Cuentas Claras”. Aunque no hay investigaciones formales abiertas contra Pinedo por este tema, las acusaciones de las fuentes consultadas podrían reavivar el escrutinio sobre los recursos que impulsaron su candidatura.
Mientras tanto, la ciudadanía de Santa Marta permanece expectante ante los próximos pasos de la administración de Pinedo. La estabilidad jurídica que el fallo del Consejo de Estado otorga a su mandato podría ser un punto de inflexión para consolidar su gestión, pero las preguntas sobre la transparencia de sus decisiones administrativas y los posibles compromisos con financiadores persisten. ¿Serán estos cambios en el gabinete una estrategia para fortalecer su gobierno o, como sugieren las fuentes, un reflejo de acuerdos previos? Solo el tiempo y la vigilancia ciudadana podrán esclarecerlo.
Nota del editor: Este artículo se basa en información proporcionada por fuentes anónimas y no constituye una acusación formal. Se invita a las partes involucradas a presentar su versión de los hechos para garantizar un cubrimiento equilibrado.
