El Consejo de Estado suspendió la Directriz 11 expedida por la Presidencia, que obligaba a destinar un 33 % de la pauta oficial a medios comunitarios e independientes. La medida fue tomada tras una demanda que alegaba que la norma vulneraba principios esenciales de la contratación pública como la igualdad, la libre competencia y la transparencia.
El alto tribunal argumentó que fijar una cuota obligatoria restringía la capacidad del Estado para seleccionar contratistas bajo criterios de idoneidad y mérito, además de generar riesgos de falta de pluralidad y concentración de recursos en un sector específico de medios. La decisión fue respaldada por la Fundación para el Estado de Derecho, que señaló posibles irregularidades en el manejo de la pauta oficial, incluyendo el uso de recursos para actividades con influencers.
Frente a esta suspensión, el presidente Gustavo Petro rechazó la determinación y la calificó como “un abuso a la libertad de prensa”. Aseguró que un magistrado no puede definir con qué medios debe pautar el Gobierno y recordó que la libre expresión y la creación de medios de comunicación son derechos fundamentales en el país.
En medio de la polémica, el periodista Juan Diego Alvira envió un mensaje al gremio de comunicadores sobre la importancia de preservar la independencia periodística, en un contexto marcado por el debate sobre la pauta estatal, el auge de los influencers y la licitación del Canal Uno.
