Rosa Villavicencio, canciller encargada, aseguró que los delitos que enfrenta el exdirector del DAPRE no son de carácter político y advirtió que concederle refugio desnaturaliza la esencia del asilo.
La Cancillería de Colombia se pronunció tras conocerse que Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE vinculado al escándalo de corrupción de la UNGRD, se encuentra en Nicaragua y que este país negó la solicitud de extradición presentada por las autoridades judiciales.
La ministra (e) de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, fue enfática en señalar que “los delitos que se le imputan por la justicia colombiana no son de carácter político. El señor González Merchan enfrenta un proceso penal por delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. De eso se le acusa. Y estas conductas punibles no son políticas ni menores y afectan directamente a la administración pública y a la transparencia institucional propias del Estado Social de Derecho”.
Villavicencio subrayó que el asilo político “no debe favorecer en ningún momento la impunidad”, recordando que esta figura existe para proteger a perseguidos por razones políticas y no a procesados por delitos comunes. “Pretender extender el asilo con una interpretación errada, en este caso, lleva a desnaturalizar la esencia de lo que es la institución del asilo”, afirmó.
La canciller también hizo referencia a experiencias pasadas que generaron dificultades diplomáticas, como cuando varios colombianos solicitaron asilo en Inglaterra, lo que derivó en la imposición de visado por parte de ese país.
Finalmente, Villavicencio recordó que Colombia y Nicaragua firmaron un tratado en 1929 que regula esta figura y señaló que “en el momento en que le conceden el asilo, ya existe una petición formulada por autoridades judiciales colombianas y este asilo contraviene el propósito del tratado, que es impedir la impunidad y garantizar la cooperación judicial”.
La Cancillería hizo un llamado al gobierno nicaragüense para que priorice la cooperación judicial y cumpla con las obligaciones internacionales en la lucha contra la corrupción, absteniéndose de otorgar refugio a personas investigadas por delitos graves.
Y.A.
