Un giro inusual sacude el concurso nacional de la Fiscalía para proveer 4 mil cargos, cuya prueba de conocimiento estaba programada para este domingo.
La jueza novena laboral del Circuito de Barranquilla, Amalia Rondón Bohórquez, ordenó la suspensión provisional del proceso luego de una tutela presentada por el abogado Nelson Antonio Uribe Martínez, quien cuestionó que la Universidad Libre no certificara toda su experiencia profesional como válida para figurar en la lista de elegibles.
Uribe sostenía que su experiencia como profesor debía ser convalidada como ejercicio del derecho, lo cual fue rechazado por la Universidad. La jueza decidió detener el concurso hasta resolver la tutela, afectando a cerca de 100 mil aspirantes que ya estaban inscritos para presentar las pruebas en todo el país.
Lo que más ha llamado la atención es que Amalia Rondón también aspiraba a uno de los 4 mil cargos del concurso, específicamente como fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito. Al igual que el demandante, Rondón no cumplía con los requisitos de experiencia, ya que tenía 118 meses y no los 120 exigidos, por lo que no fue incluida en la lista de elegibles y no podría presentar la prueba escrita.
El hecho genera debate sobre si la jueza no debió declararse impedida, al encontrarse en una situación de interés personal dentro del mismo proceso que suspendió. La polémica añade un nuevo capítulo a la discusión sobre transparencia y conflicto de intereses en concursos del sector judicial.
