La comunidad sostiene que el predio de 80 hectáreas debe ser entregado para la producción agrícola, ya que el proyecto penitenciario nunca se materializó.
En el municipio de Candelaria, sur del Atlántico, un grupo de campesinos decidió ocupar el terreno donde hace más de tres años se proyectaba la construcción de una cárcel de máxima seguridad que nunca llegó a edificarse.
El lote, de aproximadamente 80 hectáreas, está en disputa luego de que una ordenanza de la Asamblea Departamental estableciera que, en caso de no levantarse la obra, los predios dejarían de estar bajo control del Inpec y regresarían a la Gobernación del Atlántico.
Los labriegos aseguran que no existe claridad sobre el estatus legal del terreno y, en calidad de asociación campesina, solicitan al Gobierno nacional y departamental que les sean cedidas las tierras para destinarlas a la producción agrícola. “Este espacio está abandonado y puede convertirse en sustento para nuestras familias”, expresó una de las voceras del grupo, conformado también por madres cabeza de hogar que hoy carecen de predios para cultivar.
El presidente de la Reforma Agraria en Candelaria manifestó que ha acompañado el proceso como veedor. Según explicó, la Gobernación del Atlántico ha enviado comunicaciones tanto al Inpec como al Ministerio del Interior solicitando la cesión de los terrenos, pero hasta el momento no se ha concretado la transferencia.
La situación ha despertado interés en comunidades vecinas como las de Campo de la Cruz, cuyos habitantes también anunciaron que se sumarán a la recuperación de los lotes, realizando labores de limpieza y adecuación con el fin de llamar la atención del Gobierno nacional y exigir una solución definitiva.
