Mientras un sector del país impulsa un referendo para derogar el Acuerdo de Paz de La Habana, otro grupo ciudadano promueve el Referendo Anti-privilegios de los congresistas, una iniciativa que busca frenar los abusos de una clase política privilegiada. La paradoja es evidente: se destinan recursos y esfuerzos para dinamitar un pacto de Estado que busca cerrar heridas de la guerra, mientras se ignora una propuesta ciudadana que pretende acabar con salarios desbordados y prebendas injustificadas.
La Registraduría Nacional avaló el comité que busca la consulta para tumbar el Acuerdo de Paz, promovida por sectores políticos críticos a la negociación con las Farc. Más allá del alto costo económico, esta iniciativa establece un preocupante precedente: la idea de que un pacto de Estado pueda eliminarse según la conveniencia de un partido o gobernante.
El referendo que sí responde a la ciudadanía
Por otro lado, el Referendo Anti-privilegios se mueve con apoyo ciudadano, sin maquinaria política ni millonaria propaganda. Su objetivo es reducir salarios, eliminar prebendas vitalicias y controlar el abuso de poder que mantiene al Congreso como un club exclusivo, alejado de los ciudadanos comunes. La diferencia es clara: mientras uno busca la confrontación y el beneficio de élites, el otro surge de la indignación popular contra la desigualdad política.
La corrupción y los privilegios prosperan también por la pasividad ciudadana. El verdadero cambio vendrá de una sociedad organizada, informada y vigilante, capaz de exigir responsabilidad y ética a sus representantes, recordando que el poder emana del pueblo y los privilegios terminan cuando la ciudadanía dice basta.
El Acuerdo Final de Paz cuenta con blindaje constitucional mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, lo que le da estabilidad reforzada y lo amarra a la Constitución como política de Estado. No se puede derogar con una simple consulta local; cualquier modificación requiere seguir la ruta constitucional y el control de constitucionalidad.
Riesgos políticos y polarización
La iniciativa de derogación surge en un contexto preelectoral y de tensión política, con debates sobre seguridad, justicia y garantías para la oposición. Reabrir heridas mediante referendos identitarios puede polarizar al país y distraer de problemas estructurales que afectan a toda la población.
¿Quiénes están detrás?
El vocero del comité es el abogado Julián Alberto Rocha Aristizábal, promotor del referendo que busca eliminar el Acuerdo en su totalidad. Más allá del argumento jurídico, esta iniciativa funciona como un artefacto de movilización política, transformando un pacto de Estado en un plebiscito moral de corto plazo.
Colombia enfrenta una decisión clara: seguir apostando a la paz y a la vigilancia ciudadana sobre los privilegios políticos, o dejar que intereses particulares y conflictos simbólicos definan el rumbo del país. La verdadera reforma necesaria parece estar en las manos de la ciudadanía, más que en el papel de los referendos que dividen.
