El Gobierno colombiano expresó este miércoles su inconformidad ante la negativa de Nicaragua de extraditar a Carlos Ramón González, exalto funcionario investigado por su presunta participación en el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno. La decisión del país centroamericano, que otorgó asilo político a González, fue calificada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, como un acto «inamistoso y agresivo».
«Más que una ofensa, es una acción inamistosa. Si existen tratados de extradición y un país no responde a una solicitud formal, eso no debe pasar», declaró Benedetti en declaraciones a medios nacionales, cuestionando la falta de cooperación por parte de Managua.
La controversia se intensificó luego de que se conociera una carta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, fechada este miércoles, en la que se informa que se concedió asilo a González bajo el argumento de persecución política. Según el documento, la decisión se ampara en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impide devolver a una persona a un país donde su vida o libertad estén en riesgo por razones políticas.
Carlos Ramón González, de 66 años y antiguo compañero de lucha del presidente Gustavo Petro en la desmovilizada guerrilla del M-19, enfrenta graves cargos por corrupción. La Fiscalía lo acusa de cohecho, apropiación de recursos públicos y lavado de activos, señalándolo como el presunto cerebro detrás del desvío de millonarios fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según las investigaciones, dichos recursos habrían sido utilizados para pagar sobornos a congresistas a cambio de respaldo legislativo a iniciativas del Gobierno. Entre los beneficiarios se encontrarían los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, ambos actualmente detenidos.
Una parte del dinero desviado habría provenido de un contrato destinado a la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua a comunidades vulnerables del departamento de La Guajira.
El caso ha generado tensiones diplomáticas, y Benedetti advirtió que Colombia podría revisar sus relaciones con Nicaragua. A esto se suma una nueva polémica, luego de que un medio local publicara una carta de la Embajada colombiana en Managua solicitando la renovación de la residencia de González. El presidente Petro negó rotundamente esa versión y pidió a los medios rectificar lo que calificó como una «noticia falsa».
La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación previa contra funcionarios de la Cancillería para esclarecer si existió algún tipo de gestión oficial que contradiga la posición del Gobierno frente a González.
