El exjefe del despacho presidencial, Alfredo Saade, fue suspendido por tres meses como medida cautelar por presunta extralimitación de funciones en el caso de los pasaportes, aunque la sanción no se hizo efectiva tras su nombramiento diplomático.
La Procuraduría General de la Nación expidió un documento de 26 páginas en el que ordenaba la suspensión de Alfredo Saade, entonces jefe del despacho presidencial, por un periodo de tres meses, como medida cautelar dentro de la investigación por el denominado lío de los pasaportes.
La decisión señalaba que Saade se habría extralimitado en el ejercicio de sus funciones al impartir órdenes directas a funcionarios de la Cancillería, instruyéndoles para “racionalizar” la asignación de citas en el trámite de expedición de pasaportes.
Según la versión de la Procuraduría, el funcionario “podría eventualmente, desplegar comportamientos abusando del ejercicio de sus funciones”, lo que justificaba su suspensión temporal para evitar que interfiriera en la investigación.
La entonces canciller Laura Sarabia cuestionó la actuación de Saade, asegurando que este se reunió con su equipo de trabajo y les ordenó demorar la asignación de citas, pese a haber sido advertido de la inviabilidad de dicha instrucción. “En el caso puntual de la expedición de pasaportes, el disciplinable emitió instrucciones presuntamente de manera irrespetuosa, no obstante ser informado de la inviabilidad de las mismas”, advirtió el Ministerio Público.
Sin embargo, la medida de suspensión no se hizo efectiva, ya que el pasado 15 de agosto, fecha en la que fue expedida, el gobierno decidió trasladar a Saade a la embajada de Brasil, reasignación que le permitió evitar el cumplimiento inmediato de la sanción.
El caso del exjefe de despacho se suma a las investigaciones disciplinarias que adelanta la Procuraduría contra exministros de Relaciones Exteriores. En el expediente figuran los nombres de Álvaro Leyva Durán y Luis Gilberto Murillo, quienes habrían tenido responsabilidades en las irregularidades del proceso de adjudicación.
De acuerdo con el Ministerio Público, Murillo habría utilizado de forma indebida la figura de “urgencia manifiesta” en septiembre de 2024, favoreciendo a la empresa Thomas Greg and Sons para continuar con la impresión de pasaportes.
Por su parte, Sarabia conocía desde abril de 2025 las dificultades del cronograma propuesto para que la Casa de la Moneda de Portugal asumiera el proceso, así como la falta de capacidad de la Imprenta Nacional para garantizar el suministro.
Este nuevo episodio agrava la controversia sobre la contratación y distribución de pasaportes en Colombia, un servicio esencial que podría verse afectado por las decisiones administrativas y las presuntas irregularidades de altos funcionarios del Estado.
Y.A.
