Entre las versiones oficiales, las tensiones políticas y las falencias en la seguridad estatal, la Fiscalía insiste en que la principal línea de investigación apunta a las disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’.
El caso revive los fantasmas de los magnicidios de finales de los ochenta y abre interrogantes sobre la fragilidad del Estado frente al crimen organizado.
Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD
Un magnicidio que revive los fantasmas del pasado…
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no solo estremeció al país por la brutalidad del hecho, sino porque reavivó la memoria de una época oscura: los años en los que Colombia vio caer a Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro a manos de una alianza criminal que involucró a la mafia, paramilitares y agentes estatales.
El 7 de junio, en un atentado que dejó en evidencia graves fallas en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía, un joven sicario disparó contra Uribe Turbay en el occidente de Bogotá. Después de luchar por su vida durante semanas, falleció en la Fundación Santa Fe. Su muerte, ocurrida en plena campaña por la candidatura presidencial del Centro Democrático, golpeó de lleno el panorama político nacional.
Las imágenes de su velación en el Capitolio Nacional y el sepelio en el Cementerio Central de Bogotá conmovieron a un país polarizado, que volvió a preguntarse si sus instituciones están en capacidad de proteger a quienes encarnan la vida democrática frente al poder del crimen organizado.
La hipótesis central: Iván Mordisco como actor clave
Pese a las múltiples versiones que han circulado, especialmente desde el gobierno de Gustavo Petro, la Fiscalía sostiene que la hipótesis más fuerte desde los primeros días del atentado es que ‘Iván Mordisco’, jefe de las disidencias de las Farc, fue un actor clave en el complot.
La figura de Élder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘el Costeño’, ya capturado, ha sido determinante para sustentar esta línea. Su rol como coordinador de la logística del atentado, así como su pasado como parte de los anillos de seguridad de ‘Mordisco’ en Caquetá, han reforzado la conexión entre las estructuras urbanas de sicariato y las disidencias.
El expediente señala que el ataque no fue improvisado: tuvo una planeación detallada y contó con apoyo logístico y financiero de redes criminales que mezclan narcotráfico, microtráfico y sicariato. Para los investigadores, se trata de una muestra clara de cómo el crimen organizado en Colombia se ha sofisticado y ha tejido vasos comunicantes entre las zonas rurales dominadas por las disidencias y los entornos urbanos controlados por bandas locales.
Un crimen político con mensaje
La Fiscalía parte de una certeza: Uribe Turbay fue asesinado por ser una figura de altísimo perfil político. Era uno de los principales líderes de la oposición en el Congreso y un precandidato con opciones reales dentro del Centro Democrático. Además, en los días previos al atentado, se había convertido en uno de los más férreos opositores al decreto con el que el presidente Petro buscaba imponer una consulta popular.
La tesis de que el crimen tenía un objetivo político y simbólico es compartida por los investigadores: enviar el mensaje de que el poder criminal puede golpear en el corazón de la política nacional. En palabras de una fuente cercana al caso: “El protegido está muerto, las instituciones fallaron, y el mensaje de miedo está instalado”.
Petro, las versiones alternas y las tensiones políticas
El presidente Gustavo Petro ha negado reiteradamente cualquier vínculo de su gobierno con el magnicidio. Incluso ha amenazado con demandar a quienes insinúen lo contrario. Sin embargo, sus declaraciones han generado controversia: primero apuntó hacia el ELN, luego habló de una supuesta ‘junta del narcotráfico’ en Dubái, y más tarde mencionó posibles vínculos internacionales con redes criminales en Italia y Albania.
La respuesta de los investigadores ha sido categórica: “No existen evidencias sobre la posible participación de este grupo (ELN). Tampoco hay indicios de movimientos de dinero desde el extranjero para financiar el magnicidio”, afirmó un funcionario de la Fiscalía.
Para el abogado Víctor Mosquera, apoderado de la familia Uribe Turbay, las versiones del presidente carecen de sustento: “Considero que son afirmaciones nebulosas y sin evidencia. No hay forma de conectar ese concepto de la ‘junta del narcotráfico’ con este caso. Por eso le pido al Presidente que, si tiene pruebas, las presente formalmente y no solo en discursos”.
Estas tensiones han politizado aún más la investigación. Mientras la Fiscalía insiste en seguir la pista a las disidencias de Mordisco, el Gobierno busca abrir el abanico hacia hipótesis más amplias que, por ahora, no tienen respaldo probatorio.
La investigación: capturados, pruebas y vacíos
Hasta el momento, seis personas han sido capturadas, incluido el sicario de 15 años que disparó contra el senador. También están detenidos Cristian Camilo González, Katerine Andrea Martínez, William Fernando González, Carlos Eduardo Mora (‘el Veneco’) y Élder José Arteaga (‘Chipi’ o ‘el Costeño’).
Las autoridades investigan la participación de dos personas más que habrían actuado como intermediarios entre los autores materiales y los determinadores. Además, se rastrea el origen del dinero usado para la logística, el cual habría circulado a través de redes de lavado ligadas al Caquetá.
Sin embargo, el proceso enfrenta dificultades: tres de los capturados han cambiado su disposición de colaborar, y las constantes filtraciones han afectado la reserva de la investigación. Pese a ello, la Fiscalía asegura que “la investigación avanza con pasos seguros de los autores materiales a los determinadores”.
Las fallas en la seguridad: un punto sin resolver
Uno de los aspectos más graves del caso es la demostrada vulnerabilidad del esquema de seguridad de Uribe Turbay. El anillo de protección de la UNP y la Policía fue vulnerado con facilidad, y el sicario logró ejecutar el ataque en una zona vigilada de Bogotá.
Las imágenes de cámaras de seguridad y celulares evidencian que la operación se ejecutó en segundos, sin que los escoltas pudieran reaccionar de manera efectiva. Para muchos analistas, este hecho refleja un patrón histórico: el Estado colombiano falla en su deber de proteger a quienes están en mayor riesgo.
El eco de los magnicidios de 1989-1990
El asesinato de Uribe Turbay inevitablemente conecta con el recuerdo de los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro. En todos los casos, las instituciones de seguridad fallaron, y el crimen organizado envió un mensaje de poder y desafío al Estado.
La diferencia es que, hoy, Colombia enfrenta una criminalidad más fragmentada, pero con igual o mayor capacidad de ejecutar operaciones de alto impacto. Las disidencias de las Farc, los carteles internacionales y las bandas urbanas han encontrado en la ‘paz total’ una oportunidad para reorganizarse, fortalecerse y, en algunos casos, ampliar su influencia.
El papel de la comunidad internacional
La familia de Miguel Uribe ha solicitado que la Fiscalía acepte apoyo de agencias internacionales, especialmente de Estados Unidos y el Reino Unido. Washington ya expresó su disposición a colaborar, recordando que el propio senador se había reunido un día antes del atentado con John McNamara, encargado de negocios de la embajada norteamericana en Bogotá.
El eco internacional del magnicidio es evidente: si un senador colombiano, con aspiraciones presidenciales y respaldo político significativo, puede ser asesinado en la capital, la pregunta sobre la estabilidad democrática del país trasciende las fronteras.
¿Qué sigue en la investigación?
Las pesquisas avanzan en varias direcciones:
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Confirmar el nexo financiero entre las redes de ‘Iván Mordisco’ y el atentado.
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Determinar el rol de los intermediarios que habrían conectado a los sicarios con los determinadores.
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Esclarecer los viajes a Ecuador de algunos procesados y posibles vínculos transnacionales.
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Identificar si hubo sectores políticos o criminales con capacidad de direccionar el crimen más allá de las disidencias.
Cada avance en el caso será observado con lupa, pues más allá de capturar a los responsables materiales, lo que está en juego es determinar si el asesinato de Uribe Turbay fue ordenado por un actor del conflicto armado o por una alianza más amplia de poder criminal.
Un crimen que desnuda la fragilidad del Estado
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay no es un hecho aislado, sino el reflejo de un país en el que el poder criminal aún puede desafiar al Estado y atentar contra la democracia. La hipótesis que apunta a Iván Mordisco como actor clave revela que las disidencias de las Farc no solo siguen activas, sino que han logrado articularse con estructuras urbanas para perpetrar crímenes de alto impacto.
En paralelo, el debate político y las múltiples versiones lanzadas desde el Gobierno evidencian la falta de unidad institucional frente a un hecho que debería ser abordado con prioridad nacional.
La pregunta que queda abierta es si Colombia podrá evitar repetir la historia de los años noventa, cuando los magnicidios marcaron un antes y un después en la política del país. La investigación, aunque avanza, aún no ofrece respuestas definitivas. Lo único claro es que el asesinato de Miguel Uribe Turbay se inscribe en la larga y dolorosa lista de crímenes que ponen a prueba la fortaleza de la democracia colombiana.
Y.A.
