En un comunicado, alias Antonio García negó que el ELN esté detrás del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y pidió al presidente Gustavo Petro “decir la verdad al país y al mundo”.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) negó este lunes cualquier responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido recientemente, y cuestionó las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien dejó abierta la posibilidad de que esa guerrilla estuviera detrás del crimen.
En un comunicado firmado por su cabecilla, alias Antonio García, la organización armada sostuvo que los señalamientos buscan instalar en la opinión pública la idea de que el ELN habría actuado “por dinero” en el asesinato de Uribe Turbay.
“Se quiere dejar en el imaginario de la gente que fue el ELN el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero”, afirmó Antonio García, al tiempo que exigió al presidente Petro que tiene el “deber de decir la verdad al país y al mundo”.
Las palabras del mandatario colombiano habían generado controversia días atrás, cuando afirmó: “El ELN también aquí está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero. Será la investigación, cada vez más difícil, la que la diga la verdad”.
El líder del ELN también se refirió a las versiones que circulan sobre los móviles del magnicidio. Según dijo, las tensiones históricas del padre de Miguel Uribe Turbay con sectores de los esmeralderos podrían haber puesto en riesgo la vida del joven dirigente político.
“La información que circula es que el papá de Miguel Uribe Turbay, por sus vínculos y acciones, non sanctas, con o contra algunos esmeralderos terminó colocando en grave riesgo a su hijo”, señaló el cabecilla insurgente.
El comunicado concluye con una advertencia directa al presidente: “Y que Petro se ajuicie con la verdad”.
La polémica en torno a la autoría del magnicidio sigue abierta, mientras avanzan las investigaciones judiciales en medio de un clima de incertidumbre política y social por el impacto del crimen.
Y.A.
