En sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó, como lo solicitó la Procuraduría General de la Nación, suspender todas las actividades de explotación minera superficial, subterránea y a través de cualquier técnica, en la vereda San José de Tópaga, Boyacá, en el polígono que delimitó el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).
El fallo responde a la denuncia interpuesta por la Procuraduría judicial, agraria y ambiental de Tunja que, al conocer la explotación de carbón en el sector Peña de las Águilas, inició acciones en ejercicio de su función preventiva y alertó que desde 2009 el Servicio Geológico Colombiano había advertido sobre la inconveniencia de permitir este tipo de labor en la zona que además delimitó y nombró de seguridad.
El ente de control ratificó que el municipio ha omitido sus funciones para contrarrestar la minería sin título y que la Agencia Nacional de Minería y Corpoboyacá no han efectuado acciones de control y seguimiento efectivas, y tampoco han sido contundentes con los correspondientes procesos administrativos sancionatorios.
Como lo pidió el Ministerio Público, el Tribunal amparó los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente de remoción en masa que existe en el sector.
En la medida anunciada se advirtió a los mineros vinculados a la parte demandada, y a la comunidad en general, que la desatención a la anterior medida de suspensión de actividades representará la eventual comisión de los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y fraude a resolución judicial, sin perjuicio de los demás que puedan configurarse.
