En medio de una creciente controversia nacional, el Ministerio de Justicia de Colombia, encabezado por Eduardo Montealegre, envió una solicitud formal a la Fiscalía General de la Nación para que inicie el proceso de extradición de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, actualmente en Nicaragua.
La solicitud se basa en el Tratado de Extradición firmado entre Colombia y Nicaragua en 1929, aún vigente. Según explicó el Ministerio, el objetivo es garantizar que se cumplan las decisiones judiciales en materia de lucha contra la corrupción, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia.
González, quien fue uno de los altos funcionarios del actual gobierno, tiene una orden de captura vigente por su presunta participación en actos de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La situación generó un fuerte revuelo luego de que se revelara que desde la Embajada de Colombia en Nicaragua se habría solicitado la renovación de su ciudadanía en ese país, lo que fue interpretado por algunos sectores como una maniobra para evitar su extradición.
Sin embargo, tanto el presidente Gustavo Petro, como la ex canciller Laura Sarabia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguraron que dicha solicitud fue tramitada sin autorización ni conocimiento de su parte.
El caso de González ha encendido el debate público sobre el uso del servicio diplomático, el respeto a la justicia y el compromiso del Estado con la transparencia.
La Fiscalía deberá ahora analizar la solicitud y definir los pasos siguientes para tramitar la extradición ante las autoridades nicaragüenses.
