El Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, recibió un nuevo golpe en la larga saga del Puente Chirajara.
El Tribunal de Arbitraje del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá falló a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), rechazando las pretensiones de la concesionaria Coviandina —filial de Corficolombiana— que buscaba que el Estado asumiera por completo la obtención de pólizas de seguro y la cobertura de riesgos por hechos ajenos al concesionario.
El laudo arbitral ratificó que dichas responsabilidades estaban claramente estipuladas en el contrato APP No. 005 de 2015 para el proyecto Bogotá – Chirajara – Villavicencio y que cualquier controversia sobre daños no cubiertos por seguros debe resolverse mediante el procedimiento especial de “Evento Eximente de Responsabilidad”, a través de amigables componedores.
El caso tiene su origen en el colapso ocurrido el 15 de enero de 2018, cuando uno de los pilones del puente en construcción se desplomó, causando la muerte de nueve trabajadores. Una investigación determinó fallas de diseño y construcción, atribuibles al grupo Gisaico, lo que llevó a una condena en 2020 para indemnizar a Coninvial por $6.000 millones.
Aunque un nuevo puente fue construido y entregado en diciembre de 2023, tras una inversión privada de $96.000 millones, la estructura sigue sin entrar en operación debido a problemas en los túneles de conexión. Coviandes, además, tuvo que compensar a la ANI con más de $16.900 millones por los retrasos en la entrega.
En esta disputa, el tribunal dejó claro que la carga de riesgos y seguros recae sobre el concesionario, cerrando así otro capítulo del accidentado historial del Puente Chirajara.
