El presidente Gustavo Petro negó tajantemente que su gobierno haya gestionado algún tipo de beneficio diplomático o migratorio para Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, actualmente prófugo tras ser vinculado a una red de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La aclaración del mandatario se dio a través de su cuenta en X (antes Twitter), en respuesta a un informe exclusivo de Noticias RCN, que reveló un documento supuestamente emitido por la Embajada de Colombia en Nicaragua, en el que se solicita la regularización del estatus migratorio de González en ese país centroamericano. El documento estaría fechado el 21 de mayo, el mismo día en que González fue imputado por la Fiscalía.
“El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”, aseguró Petro, intentando frenar la ola de cuestionamientos que se desató tras la publicación.
Señalamientos a Laura Sarabia
La controversia también alcanzó a la exjefa de gabinete y excanciller Laura Sarabia, quien ocupaba la Cancillería al momento en que se habría tramitado la solicitud diplomática. El concejal Daniel Briceño anunció que radicará una denuncia penal ante la Fiscalía contra Sarabia y funcionarios de la embajada colombiana en Nicaragua, acusándolos de facilitar la huida del exfuncionario.
Sarabia respondió de inmediato, negando cualquier conocimiento o participación en el caso, y anunció que procederá legalmente contra Briceño por falsa denuncia.
“No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la embajada en Nicaragua. Esa circunstancia se encuentra registrada en los sistemas oficiales de trazabilidad”, afirmó Sarabia en un comunicado.
Panorama incierto
La situación ha puesto en aprietos al Gobierno, que ya enfrenta duras críticas por su gestión de la corrupción dentro de entidades clave. El paradero exacto de Carlos Ramón González aún es incierto, aunque las autoridades continúan investigando si efectivamente se encuentra en Nicaragua bajo alguna figura de protección.
El caso se suma a una lista de controversias que empañan la imagen del Ejecutivo, mientras la oposición exige explicaciones claras sobre las verdaderas implicaciones del supuesto respaldo diplomático a un fugitivo de la justicia.
