Guillermo Gonzalo Peña Aponte aceptó haber tramitado 311 recobros con información falsa, que ascendieron a 1.240 millones de pesos.
Auditorías a la Fundación Hospital San José de Buga (Valle del Cauca) advirtieron inconsistencias en el recobro de dineros por la atención de pacientes en accidentes de tránsito. Fueron identificadas peticiones hechas por un intermediario del centro asistencial que generaban inquietud sobre la verdadera ocurrencia de los siniestros, pero fueron tramitadas y los recursos desembolsados por el entonces Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA).
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, asumió las investigaciones del orden penal por este caso y obtuvo pruebas suficientes que dan cuenta de irregularidades ocurridas entre 2015 y 2017.
Se conoció que Guillermo Gonzalo Peña Aponte, representante legal de una empresa de asesorías integrales, fue contratado por el Hospital San José de Buga para gestionar los recobros ante el FOSYGA. En ejercicio de esa labor presentó 311 solicitudes por prestación de servicios de salud a heridos en accidentes de tránsito, las cuales fueron sustentadas con documentación falsa y generaron el reconocimiento de 1.240 millones de pesos.
Las evidencias dan cuenta de que el contrato otorgado al intermediario no era viable administrativamente. Asimismo, indican que se le entregó información reservada de historias clínicas y que, para concretar el fraude al sistema de salud, alteró información de facturas, usó datos relacionados con la atención de pacientes en años anteriores, registró nombres de médicos que nunca atendieron emergencias o no trabajaban en el hospital y aportó en varias peticiones la misma dirección en la que supuestamente ocurrieron los accidentes de tránsito.
Luego de ser acusado por estos hechos e iniciar la audiencia preparatoria de juicio, Peña Aponte aceptó su responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa agravada. En ese sentido, un juez penal de conocimiento de Bogotá lo condenó a 6 años de prisión, le impuso una multa equivalente a 103 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad de 72 meses para el ejercicio de funciones públicas. La pena se hará efectiva en establecimiento carcelario.
