Fungiendo como gobernador del Magdalena, Rafael Martínez denunció que Cardiovida, concesionaria del Hospital Julio Méndez, se quedaba con el 90% de las utilidades y cobraba el 100% de lo facturado, generando un millonario detrimento y dejando sin servicio a pacientes tras la suspensión del contrato.
Cuando aún ejercía como gobernador del Magdalena, Rafael Martínez destapó en rueda de prensa un escándalo que, según sus palabras, había saqueado por años al Hospital Julio Méndez Barreneche. En su intervención señaló directamente a Rafael Noya como uno de los opositores a que se ponga fin a estos contratos irregulares.
“Mire por qué Rafael Noya es cómplice y amigo de los que han saqueado al hospital Julio Méndez Barreneche y se opone a que la ‘teta’ de la que seguramente él chupa no se la quiten a estos concesionarios de CARDIOVIDA”, declaró Martínez, dejando claro que, a su juicio, los intereses detrás de este negocio no son médicos, sino económicos y políticos.
Según explicó, al llegar a la administración del hospital, que había sido devuelto por la Superintendencia Nacional de Salud, encontró múltiples concesiones internas y servicios tercerizados que se extendían hasta 2034. Lo más grave, dijo, fue detectar que algunos de estos contratos otorgaban hasta el 90% de las utilidades al operador privado y apenas un 10% al hospital.
Uno de esos casos fue el contrato con Cardiovida, un operador encargado de servicios cardiovasculares. Martínez reveló que este contratista cobraba el 100% de lo facturado a las EPS, pero que en promedio las EPS solo reconocían el 45% de esas facturas. “El 55% restante lo asumía el hospital, lo que generaba un detrimento enorme y constante en sus finanzas”, denunció.
El esquema, según el entonces gobernador, funcionaba así: el hospital facturaba como intermediario, pero pagaba de inmediato al privado el total facturado, sin esperar el pago de la EPS. Esto implicaba que, cuando las EPS glosaban más de la mitad de las cuentas, el privado ya había cobrado todo, dejando al hospital con el hueco financiero. “Los gerentes de los clanes y las mafias venían pagando el 100% de lo facturado, mientras las EPS glosaban en promedio el 55%. Pretendían mantener este negocio hasta 2034”, advirtió.
Martínez también reveló que Cardiovida había tomado de forma irregular un servicio interno, la clínica de heridas, que debía ser manejada directamente por el hospital. “Ese recurso no estaba entrando al hospital, por eso empezamos a facturarlo de manera directa”, señaló.
El contrato, afirmó, se encuentra suspendido por incumplimiento del concesionario. Entre las fallas que enumeró, destacó que actualmente Cardiovida no cuenta con unidad de hemodinámica, ni electrofisiología, ni cirugía cardíaca, ni médicos especialistas para la atención de pacientes. “Hoy no tienen la capacidad técnica para prestar el servicio y han dejado abandonado el contrato”, dijo.
Martínez cuestionó además que, durante años, el operador no haya asumido ningún gasto básico. “No pagan luz, no pagan agua, no pagan gas, no pagan vigilancia, no pagan recolección de residuos hospitalarios. Es decir, las utilidades les quedaban limpias, sin ningún costo operativo. Todo era ganancia neta para ellos”, sostuvo.
El exgobernador también se refirió a las protestas de enfermeras y personal médico vinculados a Cardiovida, quienes reclamaban salarios atrasados. “Quiero que quede claro: al hospital no le deben nada. La deuda es del contratista que los empleó. Estamos haciendo lo correcto, defendiendo los recursos públicos y acabando con años de corrupción y apropiación indebida de lo que es de todos”, enfatizó.
Para Martínez, las reacciones de personajes como Rafael Noya evidencian la resistencia de quienes se beneficiaban de estos contratos. “Habrá razones para que algunos chillen y lloren, ¿o no?”, remató, reafirmando que el modelo implementado busca poner fin a lo que calificó como una apropiación privada de los recursos y utilidades del hospital.
