El caso del exdirector de la Policía, Rodolfo Palomino, lejos de ser un episodio aislado, expone un engranaje de poder donde uniformados de alto rango operan como lobistas al servicio de empresarios con nexos paramilitares y respaldo de expresidentes.
Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD.
El mito de las “manzanas podridas”…
En Colombia, los escándalos policiales suelen explicarse bajo la narrativa de los “casos aislados” y las “manzanas podridas”. Este enfoque reduce la corrupción a episodios individuales, evitando enfrentar la raíz del problema: la existencia de un sistema donde los uniformes más respetados se alquilan al mejor postor. El caso del general Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, no es la historia de un simple abuso de poder, sino la prueba de cómo las instituciones pueden transformarse en agencias privadas de protección para los intereses de las élites.
Una visita que delató un sistema
El 12 de febrero de 2014, Palomino tocó la puerta de la oficina de la fiscal Sonia Velásquez. No lo hizo como jefe de la Policía preocupado por la seguridad del país, sino como emisario de una élite que no podía permitir la captura del empresario Luis Gonzalo Gallo. Investigado por concierto para delinquir agravado, lavado de activos y desplazamiento forzado, Gallo había amasado una fortuna gracias al despojo de tierras en Las Tulapas, Córdoba, en alianza con los paramilitares de la Casa Castaño.
Velásquez, consciente del peso de esa visita, grabó la conversación. En ella, Palomino admitió que traía una “propuesta indecente”: frenar la captura de Gallo. Lo que podría parecer un favor entre conocidos era, en realidad, una operación calculada de un mecanismo que protege a empresarios y políticos con historial criminal.
Los nombres que pesan más que la ley
El argumento central de Palomino no fue jurídico, sino político. Según él, Gallo estaba estrechamente ligado a figuras como Andrés Pastrana, expresidente de Colombia; Luis Alberto Moreno, entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo; y Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa en ese momento. Esta mención no era casual: era un recordatorio velado de que la captura tendría repercusiones al más alto nivel.
Aquí radica la gravedad del episodio: la Policía, que debería actuar como garante de la ley, operaba como gestora de crisis para una red de empresarios paramilitares, políticos influyentes y banqueros internacionales. La captura de Gallo, según el mensaje implícito, no solo afectaría a un individuo, sino que podría destapar una cadena de complicidades que atraviesa gobiernos y partidos.
El lenguaje de la diplomacia criminal
Palomino no amenazó de forma directa. Optó por un discurso de “consideraciones” y “reflexiones”, el mismo que utilizan las élites para disfrazar la presión política como consejo amistoso. Esta es la esencia de la diplomacia criminal: manipular las instituciones con elegancia, usando el prestigio del cargo para intimidar sin dejar huellas explícitas.
Un patrón de conducta, no un error aislado
El caso Gallo no fue un incidente único. En 2021, la Procuraduría destituyó e inhabilitó a Palomino por 13 años, no solo por su intervención en este proceso, sino por haber presionado a un oficial que denunció acoso laboral y sexual. En ambos casos, la constante fue el uso del poder institucional para silenciar denuncias y proteger intereses particulares.
Otros oficiales, como los coroneles Ciro Carvajal y Flavio Mesa, y el mayor John Santos Quintero, también fueron sancionados en el mismo entramado. Este grupo demuestra que no se trataba de una excepción, sino de una red institucional cohesionada para operar fuera de la ley cuando los poderosos lo requieren.
Víctimas olvidadas: el costo humano del despojo
Mientras Palomino ejercía su papel de gestor privado de impunidad, las víctimas de Las Tulapas seguían esperando justicia. Campesinos desplazados, familias despojadas de sus tierras, comunidades destruidas por la violencia paramilitar. Cada maniobra para frenar la captura de Gallo significaba una nueva herida para quienes habían perdido todo.
La impunidad no es un concepto abstracto: se traduce en la perpetuación del despojo, en la imposibilidad de que las tierras vuelvan a sus legítimos dueños, y en la consolidación de fortunas construidas sobre la sangre y el sufrimiento ajeno.
La naturalización de la corrupción
Cuando Palomino declaró: “No me puedo allanar a los cargos, no he cometido ningún delito”, probablemente creía en su inocencia. Y es que, dentro de un sistema donde proteger a las élites es parte del protocolo no escrito, su intervención no era un acto criminal sino un servicio esperado.
Esta mentalidad es el verdadero núcleo del problema: la corrupción como norma, no como excepción. Un sistema que produce operadores como Palomino de forma sistemática, en la medida en que las élites necesitan que la ley sea flexible para sus intereses.
El engranaje invisible
La mención de Pastrana, Moreno y Pinzón en la conversación no solo buscaba frenar una captura. Era la confirmación de un engranaje invisible donde expresidentes, banqueros internacionales y generales de la Policía se articulan para garantizar tratamientos preferenciales.
Este engranaje no nació con el caso Gallo ni terminó con la destitución de Palomino. Continúa operando, adaptándose y perfeccionando sus métodos. La pregunta es ¿cuántos otros casos han pasado inadvertidos porque ningún funcionario tuvo el valor de documentarlos?.
Más allá del caso Palomino
Reducir este escándalo a la figura de un general corrupto es un error. El caso Palomino es un espejo que refleja un sistema donde la corrupción institucional no es accidental, sino estructural. Un modelo en el que las instituciones sirven más a los clientes poderosos que a los ciudadanos comunes, y donde la justicia se detiene cuando así lo dictan las conveniencias políticas o económicas.
Un reto pendiente
Mientras la sociedad colombiana siga aceptando que los poderosos reciban tratamientos especiales, las redes de protección seguirán funcionando. El problema no se resuelve con destituciones aisladas, sino con una transformación profunda de las estructuras que permiten que un director de Policía se sienta con autoridad para interceder en favor de un empresario vinculado con paramilitares.
Y.A.
