Detrás de las millonarias inversiones anunciadas para prevenir las inundaciones en Santa Marta, se esconde una maquinaria de corrupción institucionalizada que perpetúa los problemas para seguir lucrándose, con contratos inflados, obras inconclusas y una ciudadanía resignada.
En Colombia, la corrupción no siempre se presenta como un robo descarado. Muchas veces se disfraza de gestión pública y obra social, camuflada en contratos millonarios que prometen soluciones definitivas, pero que en realidad están diseñados para fracasar. El caso de las inundaciones en Santa Marta, gestionado por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), es un ejemplo dolorosamente claro de este modelo: la tragedia como negocio rentable.
El domingo 3 de agosto, más de 2.300 familias samarias vieron sus hogares y pertenencias arrasados por el agua y el lodo. Lo que para muchos fue presentado como una catástrofe natural, para otros fue la consecuencia previsible de décadas de corrupción estructural, donde las promesas de protección se repiten cada invierno, y los desastres se multiplican.
Un contrato que prometía salvar 55 barrios… y no salvó a ninguno
El 30 de septiembre de 2022, el entonces director de Corpamag, Carlos Francisco Díaz Granados Martínez, miembro del influyente Clan Díaz Granados y apodado “Maletín travieso”, adjudicó un contrato de $53.688 millones al Consorcio Aguas SM para la canalización de la Quebrada Japón, obra que supuestamente protegería a 55 barrios de Santa Marta de las inundaciones.
Dos años después, los mismos barrios siguen bajo el agua en cada temporada de lluvias. Lejos de ser un accidente, este incumplimiento encaja en un patrón repetitivo: contratos inflados, licitaciones con mínima competencia y obras que nunca cumplen su objetivo.
El Consorcio Aguas SM está integrado por Ingecon S.A. (50%), CM Ingeniería y Construcción S.A.S. (49%) y Carlos Alfonso Cotes Morales (1%). CM Ingeniería, fundada en 2015, acumuló contratos multimillonarios antes de cumplir diez años de existencia, participando en licitaciones donde, curiosamente, la competencia suele brillar por su ausencia.
Un patrón que se repite en la Ciénaga Grande
El caso de la Ciénaga Grande de Santa Marta es un espejo de lo que ocurre en la capital del Magdalena. Entre 2006 y 2019, Corpamag firmó 15 contratos de dragado por $254.890 millones. El contratista estrella fue la empresa Servicios de Dragados y Construcciones, vinculada a los hermanos Williams Moreno y a Alfonso del Cristo Hilsaca, alias El Turco Hilsaca.
Pese a las sumas invertidas, el ecosistema no solo no se recuperó, sino que se degradó aún más, con niveles de salinidad críticos. El secreto del “éxito” de este negocio radica en contratos de largo plazo que garantizan intervenciones constantes —y facturación constante—, sin que se exija un resultado definitivo.
El negocio del fracaso
En este esquema, el fracaso es más rentable que el éxito. Mantener un problema sin resolver permite justificar más contratos, más recursos y más “intervenciones urgentes”. Y mientras los contratistas y políticos aliados amasan fortunas, la población queda atrapada en un ciclo eterno de promesas incumplidas.
Cada peso destinado a estos contratos es un peso que no llega a las comunidades afectadas. Las familias de los 55 barrios inundables no reciben soluciones reales: sus casas se destruyen, sus pequeños negocios se pierden y sus vidas quedan en pausa mientras esperan una ayuda que nunca llega.
La normalización de lo inaceptable
Quizá el elemento más perverso de este sistema es cómo se ha normalizado el fracaso institucional. Cuando se anuncian millonarias inversiones, muchos ciudadanos celebran con esperanza. Cuando esas obras no se concretan, la reacción generalizada es la resignación: “todos roban igual”.
Esta pasividad social se convierte en el combustible que mantiene viva la maquinaria de la corrupción. No hace falta violencia ni escándalos públicos: basta con una población acostumbrada a perder, aplaudiendo promesas vacías y olvidando los incumplimientos.
Corrupción como extractivismo institucional
Lo que ocurre en Corpamag no es un simple caso de corrupción; es una forma de extractivismo institucional. Igual que una mina de oro, el Estado es explotado por una élite que sabe extraer recursos públicos sin generar beneficios reales para la sociedad. Los mismos nombres aparecen una y otra vez en diferentes contratos y cargos públicos, moviéndose entre entidades para mantener el sistema en funcionamiento.
En este modelo, la gestión pública no está orientada a resolver problemas, sino a administrar su permanencia para asegurar un flujo constante de recursos. Los incentivos están invertidos: arreglar el problema significaría cerrar el negocio.
El espejo de una sociedad resignada
Más allá de los contratos y las cifras, este caso refleja una verdad incómoda: la sociedad ha aprendido a vivir con la corrupción como si fuera parte natural del paisaje político. Aplaudimos las inauguraciones simbólicas, los anuncios mediáticos y los actos protocolarios, aunque sepamos que detrás no hay soluciones reales.
El cambio no vendrá de las instituciones capturadas por estos intereses. Vendrá cuando la ciudadanía deje de ser un espectador pasivo y se convierta en un actor activo en la fiscalización y denuncia.
Mientras tanto, Santa Marta seguirá ahogándose cada invierno, no solo bajo el agua, sino bajo el peso de una corrupción que ha convertido su sufrimiento en una oportunidad de negocio para unos pocos.
El dilema que queda
La pregunta no es si hubo corrupción en Corpamag; la evidencia apunta a un patrón demasiado consistente como para atribuirlo al azar. La verdadera cuestión es si la ciudadanía está dispuesta a seguir siendo parte de un sistema que convierte sus tragedias en el capital de otros.
Hasta que la sociedad decida romper el ciclo, los contratistas seguirán cobrando por obras que nunca cumplen su objetivo, los políticos seguirán luciendo su “compromiso” frente a las cámaras y los ciudadanos seguirán pagando, con sus impuestos y con sus vidas, el precio de un negocio que siempre gana… pero nunca para ellos.
Y.A.
