Carlos Jaller, junto a su esposa y otros señalados, enfrenta un proceso judicial por un presunto saqueo que la institución estima supera los $30 mil millones; la universidad exige su captura y extradición desde EE. UU.
El Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá con función de Conocimiento confirmó la medida de aseguramiento contra Carlos Jaller, exrector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, quien fue imputado y llamado a juicio por un presunto desfalco a las arcas de la institución de educación superior.
En un comunicado, el Consejo Directivo del alma mater expresó que el proceso judicial contra Jaller, su esposa Ivón Acosta y otros señalados “ha avanzado de manera lenta” y reiteró: “Insistimos en la necesidad de que se emprendan las acciones pertinentes contra el exrector Jaller y los demás integrantes del clan, con el fin de recuperar el dinero saqueado”. Según la universidad, los recursos en disputa “superan los $30 mil millones y pertenecen legítimamente a nuestros estudiantes”.
La institución también instó a la Fiscalía General de la Nación a emplear los mecanismos de cooperación judicial con el gobierno de Estados Unidos para lograr la captura y extradición de Jaller.
El año pasado, la Fiscalía formuló imputación contra Jaller y Acosta por un presunto detrimento patrimonial de $8.502 millones, señalando que el exrector habría tenido un incremento patrimonial de $8.000 millones debido al supuesto desfalco.
Los delitos atribuidos a Jaller incluyen abuso de confianza calificado y agravado, daño informático agravado y ocultamiento, obstrucción y destrucción de material probatorio. Por su parte, Acosta fue señalada de fraude procesal y falsedad en documento privado.
La investigación revela que Jaller habría creado cargos ficticios y dispuesto la creación de otros ajenos a la estructura institucional, generando una carga presupuestal superior a $1.000 millones. Además, se le acusa de instaurar una nómina paralela para seis cargos ya ocupados, lo que habría ocasionado un gasto de $333 millones, y de firmar contratos ficticios por más de $6.000 millones.
Y.A.
