La conmoción por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay traspasó fronteras y generó contundentes reacciones desde el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos, que exigieron justicia y el esclarecimiento total del caso.
Uribe Turbay, dirigente del Centro Democrático de 39 años, falleció tras más de dos meses de lucha por su vida, luego del atentado del 7 de junio en el barrio Modelia, Fontibón. Las autoridades mantienen bajo custodia a seis personas, incluido un menor de edad, señalados como autores materiales, mientras avanza la investigación para identificar a los responsables intelectuales.
El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su solidaridad con Colombia y reclamó que “los autores intelectuales paguen por este hecho”. En la misma línea, el subsecretario Christopher Landau pidió una “resolución rápida y transparente” y envió un mensaje de apoyo a la viuda, María Claudia, y a toda la familia del senador.
Desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el encargado de negocios John T. McNamara rechazó la violencia política “en todas sus formas” y ratificó el compromiso de su país con la “estabilidad, la seguridad y el futuro democrático” de Colombia.
En el Congreso estadounidense también se hicieron sentir las condolencias. La representante María Elvira Salazar lo recordó como “un líder apasionado y un servidor público íntegro que amó y defendió a su país hasta el último día”. Por su parte, el congresista Carlos A. Gimenez lo calificó como “un hombre de Estado, brillante e incansable”, advirtiendo que “esta enorme injusticia no puede ser en vano”.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay deja un vacío político y humano profundo, y para Estados Unidos constituye un golpe a la democracia que no debe quedar impune.
