Una inminente decisión de la Corte Constitucional podría devolverle el cargo a Martínez sin elecciones atípicas, en medio de supuestos acuerdos políticos que ya estarían cerrados con Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo y el Pacto Histórico.
Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD.
Un laberinto político-judicial con impacto nacional
La nulidad de la elección de Rafael Martínez, decidida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, no es solo un capítulo más en la historia de las pugnas políticas del Magdalena; es un caso que amenaza con reconfigurar alianzas nacionales y alterar el equilibrio de fuerzas dentro del Pacto Histórico.
En entrevista concedida a Noticias con LIBERTAD, el analista político, abogado y periodista Alejandro Arias desmenuzó el trasfondo jurídico y político del caso, aportando información que conecta el litigio con intereses de alcance nacional.
Arias parte de un hecho indiscutible: la sentencia de nulidad está ejecutoriada. Sin embargo, eso no significa que el panorama esté cerrado. Según él, existen tres escenarios posibles que podrían redefinir el desenlace:
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Una sentencia de unificación de la Corte Constitucional que limite el alcance de la figura de la doble militancia.
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Un acuerdo político de alto nivel para reubicar a Martínez en el Gobierno Nacional en caso de no regresar a su cargo.
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Un proceso electoral atípico, aunque cada vez menos probable, que abriría la puerta a nuevas maniobras políticas.
Doble militancia: ¿norma o arma política?
Uno de los puntos centrales del análisis de Arias es la interpretación —y posible abuso— de la figura de la doble militancia.
El analista recuerda que, jurídicamente, esta figura debería aplicarse únicamente cuando una persona milita de manera simultánea en dos partidos, con pruebas claras de participación activa en ambos. Sin embargo, denuncia que la Sección Quinta ha usado una interpretación más amplia, considerando como doble militancia la formación de alianzas políticas para alcanzar cargos superiores.
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Esto, según Arias, carece de reglamentación específica y ha sido manipulado para neutralizar candidaturas incómodas. En su lectura, el caso de Rafael Martínez fue el resultado de una operación política ejecutada por un bloque integrado por el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal y figuras clave como el exregistrador Alexander Vega, a quien acusa de haber hecho lobby dentro del Consejo de Estado para asegurar el fallo adverso.
La carta de la Corte Constitucional
En este tablero, la Corte Constitucional se convierte en el árbitro potencial del desenlace. El alto tribunal ha acumulado en un mismo expediente varias demandas de tutela contra fallos de nulidad electoral dictados por la Sección Quinta, tanto en única como en segunda instancia. La clave está en que se trata de un proceso que desembocaría en una sentencia de unificación, lo que la haría obligatoria para toda la rama judicial.
Si la Corte limita el alcance de la doble militancia y esa limitación tiene efectos retroactivos, Martínez podría ser restituido en su cargo. Esta posibilidad no es solo una especulación local: juristas de peso en Bogotá y Santa Marta, como el exmagistrado Joaquín José Vives Pérez, han confirmado que este escenario es jurídicamente viable.
El blindaje político: Fuerza Ciudadana y medio millón de votos
Más allá de los tribunales, el caso se juega también en el terreno de la política pura.
Arias revela que existe un acuerdo político entre el presidente Gustavo Petro, líderes del Pacto Histórico y el movimiento Fuerza Ciudadana, liderado por Carlos Caicedo. El pacto reconoce la importancia del caudal electoral del movimiento —medio millón de votos— en la victoria presidencial y garantiza su participación en las decisiones estratégicas.
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Dentro de este acuerdo, se contemplan dos puntos clave:
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Caicedo participaría en la consulta interna del frente amplio del Pacto Histórico en marzo de 2026, aceptando sus resultados.
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Si Martínez no regresa a la Gobernación, sería incorporado al Gobierno Nacional como ministro o viceministro, mientras Fuerza Ciudadana colocaría nombres en la lista al Congreso dentro del frente amplio.
La advertencia de figuras como Armando Benedetti es clara: no se permitirá que actores externos rompan este equilibrio. La designación de un gobernador encargado ajeno al acuerdo, como se ha especulado, es vista como una amenaza directa al pacto.
El superávit como botín político
El conflicto no es solo por cargos; también es por recursos.
El superávit del Magdalena, de unos 500 mil millones de pesos, se ha convertido en el verdadero botín en disputa. Según Arias, diputados como Rafael Noya ya estarían ofreciendo esos recursos a alcaldes para tejer alianzas políticas, a pesar de que la Asamblea Departamental ha bloqueado su ejecución durante más de diez meses.
Este bloqueo ha paralizado obras esenciales:
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Un hospital en El Retén listo pero sin dotación.
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Ocho centros de salud nuevos sin insumos básicos.
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Proyectos de infraestructura varados en varios municipios.
La coincidencia entre quienes bloquean el uso del superávit y quienes promueven la salida definitiva de Martínez no es, para Arias, un hecho aislado: forma parte de una estrategia coordinada para redistribuir el poder y el presupuesto del departamento.
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Escenarios posibles: regreso, reubicación o elecciones
El futuro inmediato del Magdalena podría tomar tres rumbos:
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Regreso de Martínez si la Corte Constitucional emite una sentencia favorable con efectos retroactivos.
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Nombramiento en el Gobierno Nacional y control político del departamento a través de Fuerza Ciudadana.
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Elecciones atípicas, aunque con el riesgo de que, si luego se revierte el fallo, el nuevo gobernador electo sea removido, como ha ocurrido en otros departamentos y municipios.
Arias subraya que, en política, “no manda quien habla más bonito, sino quien tiene los votos”, y en ese sentido, Fuerza Ciudadana mantiene una posición estratégica.
Un pulso que trasciende al Magdalena
El caso de Rafael Martínez es mucho más que una disputa local. Es un episodio que revela cómo en Colombia las decisiones judiciales, las alianzas políticas y el manejo de los recursos públicos se entrelazan en un juego de poder complejo y, a menudo, opaco.
Aquí no solo se define el liderazgo del Magdalena, sino también la capacidad del Gobierno Nacional para mantener cohesionado su bloque político de cara a las presidenciales de 2026.
El resultado marcará un precedente para otros casos de nulidad electoral y será una prueba de fuego para la solidez de los acuerdos dentro del Pacto Histórico.
Y.A.
