La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, lamentó profundamente el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, expresando sentidas condolencias a sus familiares, allegados y seguidores.
Camargo informó que, desde la tarde del sábado 7 de junio de 2025, la Fiscalía ha desplegado todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar en la investigación del magnicidio. Según la funcionaria, el autor material y los responsables de la preparación y planificación del crimen ya están siendo procesados judicialmente.
La fiscal general reiteró que la entidad trabaja sin descanso para identificar y judicializar a los determinadores del asesinato, sin descartar ninguna hipótesis, y reafirmó que el esclarecimiento del caso es un deber institucional prioritario.
No obtante, en su momento la fiscalía desató unqa polémica al incluir a familia de sicario de Miguel Uribe en programa de protección
La decisión de la Fiscalía General de la Nación de brindar protección a la familia del presunto sicario que atentó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha generado una tormenta de críticas y cuestionamientos.
La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que los familiares del atacante serán incluidos en el Programa de Protección de Testigos, lo que implica reubicación, sostenimiento económico e, incluso, cambio de identidad si es necesario. El propio autor material, identificado como beneficiario del cuestionado programa Jóvenes en Paz, también recibirá resguardo especial y permanecerá en un espacio seguro de la Fiscalía.
El anuncio ha encendido la controversia: para muchos, el criminal prácticamente “se ganó la lotería” tras cometer un acto de sicariato que ha estremecido al país. La medida es interpretada por sectores de la oposición como un mensaje equivocado, que prioriza el bienestar de los delincuentes por encima de la seguridad de los congresistas.
El contraste ha sido inevitable: al agresor se le otorgan medidas excepcionales de seguridad que, según los críticos, fueron negadas en su momento al propio Miguel Uribe, quien hoy lucha por su vida tras el atentado. Mientras tanto, el país debate si este tipo de decisiones fortalecen la justicia o alimentan la impunidad.
