El presidente Gustavo Petro puso en conocimiento de los colombianos la noticia consistente en que su Gobierno inició conversaciones –fuera del país– con el conocido Clan del Golfo, una de las tantas bandas criminales existentes en Colombia, las mismas que también se autodenominan como el Ejército Gaitanista; así mismo aseveró el primer mandatario, que el proceso de diálogo con este grupo al margen de las normas vigentes, utiliza como base jurídica un proyecto de ley que fue sometido a consideración del Congreso de la República meses antes, por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
La iniciativa a la que se refiere el mandatario nacional, es la misma que fue presentada en el marco de la consolidación de la denominada Paz Total.
Este proyecto de ley –según el Ministerio de Justicia– lo que persigue es dotar al Gobierno de normas claras para lograr el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales en todo el territorio colombiano.
Poe ejemplo, a bandas como el Clan del Golfo, se les aplicará el conocido proceso de sometimiento a la Justicia, que puede otorgar posibles beneficios jurídicos si realmente se les comprueba que entregan las armas y desmantelan los grupos delincuenciales existentes desde muchos años atrás.
Lo anunciado por el presidente Petro deja claro que el objetivo no es de premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para exterminar la violencia en todo el territorio nacional, de proteger a las comunidades y fortalecer la Justicia.
Nos parece muy importante el objetivo, en el sentido de no premiar a los componentes de los grupos al margen de la ley, sino darle elementos al Estado para a través de los mismos desarrollar políticas sociales y económicas que faciliten ese propósito de paz total.
No obstante, es necesario acotar que el aspecto jurídico del proceso de paz –al que hoy hacemos referencia– no solo depende del poder Ejecutivo, patentizado en la Presidencia de la República, sino que le corresponde al Congreso estudiar el proyecto de ley a fondo, lo cual incluye la necesidad de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado, protagonizado por el mencionado Clan del Golfo.
Cuando se trabaja por la paz en forma abierta y sincera no hay que temer; estos esfuerzos podrán ser inútiles, pueden fracasar, pero siempre seguirán siendo una posibilidad para una sociedad que necesita cambiar el escenario de belicismo, el atropello y el latrocinio.
Es por eso que la meta de Colombia tiene que ser una paz estable y duradera en el más riguroso sentido de lo esencial; la paz que además del abandono de las armas, represente la construcción de una nación libre de factores que puedan exponerla a nuevas confrontaciones, de muerte y frustraciones; creemos que no hay causa más prioritaria para Colombia que la salida al conflicto armado a través de la búsqueda de la paz total.
Entendiendo las dificultades que implican más de 50 años de violencia, los colombianos reclaman que las conversaciones avancen y comiencen a producir resultados, ojalá se obtengan pronto, para evitar que ese esfuerzo caiga en el descrédito que ha sepultado todos los intentos anteriores, la verdad es que Colombia no se merece el conflicto que le afecta desde hace muchas décadas.
