La decisión del alcalde de Santa Marta, Carlos Alberto Pinedo Cuello, de entregar de forma directa $12.020 millones a la Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano para la organización de las pasadas Fiestas del Mar y los actos conmemorativos de los 500 años de la ciudad, ha encendido un intenso debate en la capital del Magdalena.
El convenio interadministrativo, firmado el 22 de julio y con vigencia hasta diciembre, tuvo como objetivo montar escenarios musicales y artísticos en tres eventos masivos: Playa del Camellón (aforo de 30.000 personas), Playa Los Cocos (50.000) y la tarima acuática “Jack Up 500 Años” (30.000). Todo ello bajo el argumento de “preservar el patrimonio cultural inmaterial” y “fortalecer la integración social”.
Sin embargo, la forma en que se adjudicaron los recursos genera suspicacias. El proceso no pasó por licitación pública, sino que se invitó directamente al Centro Cultural del Oriente Colombiano, con sede en Bucaramanga, para asumir la operación logística. Críticos señalan que esta figura, en la práctica, puede convertirse en un atajo para evitar la participación de múltiples oferentes y garantizar transparencia.
La corporación beneficiada reconoció que es la primera vez que maneja un presupuesto de esta magnitud para un evento —sus convenios previos oscilaban entre $1.200 y $1.500 millones— y aseguró que fue contactada directamente por la Secretaría de Cultura de Santa Marta. Su representante legal, María Camila Rueda, defendió la experiencia de la entidad y aseguró que parte de las contrataciones sí se realizaron en la ciudad.
Desde la oposición, concejales como Miguel Martínez han pedido explicaciones sobre el incremento del gasto, que casi duplica los $7.500 millones invertidos el año anterior. Además, cuestionan que, apenas tres días después de la celebración, un aguacero dejara 60 barrios inundados y 2.000 viviendas afectadas, mientras no había recursos para obras de drenaje.
Expertos en contratación advierten que el acuerdo tiene características propias de un contrato que debería haberse sometido a licitación pública, abriendo la competencia para otros posibles operadores. “Utilizan esta figura para evadir la selección del más idóneo y terminan favoreciendo a entidades cercanas”, denunció un analista del sector.
La administración distrital, por su parte, sostiene que actuó dentro del marco legal y que buscó una entidad con la capacidad de ofrecer un evento “de nivel” para una fecha histórica como el quinto centenario de la ciudad. Pero el debate sigue abierto, y la ciudadanía espera que se revelen las cuentas detalladas de cómo se gastaron los $12 mil millones que, por ahora, dividen a Santa Marta entre el orgullo por la fiesta y la indignación por el manejo de sus recursos.
