La propuesta busca reducir la siniestralidad y ordenar la movilidad, pero enfrenta el rechazo de municipios como Soledad y de organizaciones de motociclistas que alertan sobre impactos económicos y falta de concertación.
La reciente propuesta de implementar un pico y placa unificado para motocicletas y motocarros en los municipios del Atlántico ha generado una intensa polémica entre autoridades, gremios y ciudadanos. El Instituto de Tránsito del Atlántico argumenta que la medida se sustenta en los informes estadísticos de 2025, los cuales evidencian un incremento sostenido en el flujo de estos vehículos y un alza preocupante en los índices de accidentalidad vial.
Según la entidad, la iniciativa responde a una “necesidad imperiosa” de retomar una regulación concertada frente a la alta siniestralidad asociada a motos y motocarros, una problemática que, en algunos municipios, se ha convertido en la principal causa de muertes en las vías.
Un antecedente que salvó vidas
El debate no es nuevo. En 2017, el Decreto 000491 estableció restricciones para la circulación de motocicletas entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m., de acuerdo con el último dígito de la placa. De acuerdo con cifras oficiales, la norma permitió frenar el aumento de la mortalidad vial y, en 2018, se salvaron 21 vidas gracias a su implementación.
No obstante, el crecimiento del parque automotor y los cambios en las dinámicas urbanas han vuelto a encender las alarmas.
¿Cómo funcionaría el nuevo pico y placa?
La propuesta de 2025 plantea un pico y placa estático para motos de 4:00 a.m. a 10:00 p.m., distribuido así:
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Lunes: placas terminadas en 1 y 2
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Martes: 3 y 4
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Miércoles: 5 y 6
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Jueves: 7 y 8
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Viernes: 9 y 0
Para los fines de semana, se propone una rotación:
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Primer y tercer sábado: 1, 3, 5, 7 y 9
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Segundo y cuarto sábado: 2, 4, 6, 8 y 0
Los domingos quedarían exceptuados. En el caso de los motocarros, la aplicación aún se evalúa, debido a regulaciones específicas como las de Soledad, donde existen restricciones por colores.
Soledad le dice “no” a la medida
Pese a los argumentos del departamento, el Instituto Municipal de Tránsito y Transportes de Soledad anunció que no se acogerá a la iniciativa. El director de la entidad, Santander Donado, fue enfático:
“Desde el Instituto Municipal de Tránsito y Transportes de Soledad tomamos la decisión de no acoger la iniciativa del pico y placa para motos que propone el Departamento”.
El funcionario recordó que, según la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y la Ley 1503 de 2011, los municipios tienen competencias para decidir sobre estas medidas. En ese sentido, Soledad adelanta un análisis técnico para eliminar su propio pico y placa, vigente desde hace varios años.
Donado aseguró que los motociclistas han manifestado su inconformidad porque la restricción les dificulta cumplir con trabajos en otros municipios, generando caos y pérdida de ingresos.
“Los propietarios y conductores de motocicleta nos han venido expresando su desacuerdo con esta medida, la cual ha afectado a personas que tienen sus trabajos por fuera del municipio”, relató.
Además, cuestionó la efectividad de la restricción:
“Pese a la implementación de esta restricción, las cifras de siniestralidad vial no han disminuido”.
Para Soledad, la motocicleta es también un motor económico:
“La motocicleta en Soledad no es solo un medio de transporte, sino una herramienta fundamental para la economía local en sectores como los domiciliarios, ferreterías y restaurantes”.
El municipio optará por estrategias integrales enfocadas en educación vial, control policial y mejoras en la infraestructura. Actualmente, se ejecutan planes de señalización, demarcación y campañas dirigidas a motociclistas sobre el uso del casco, respeto de límites de velocidad y normas de tránsito.
Los motociclistas también rechazan la medida
La organización Asomotos, que desde hace 15 años defiende los intereses de los motociclistas del Atlántico, también levantó la voz en contra de la propuesta departamental. Su director, Mario Martínez, advirtió que el impacto económico sería grave:
“Es prácticamente un golpe a la economía unipersonal de cada motociclista, porque estaríamos hablando de que un motociclista se gana el mínimo vital, y con este recurso es que mantienen a su núcleo familiar”.
Martínez alertó sobre un posible efecto contraproducente: la proliferación de negocios de alquiler de motocicletas para sortear la restricción.
“Si una persona tiene la capacidad de comprar 20 motos, las va a comprar y las va a ofrecer como un servicio alternativo”.
Además, prevé una migración de conductores hacia municipios sin pico y placa, aumentando la oferta de transporte y, con ello, el riesgo de accidentes de tránsito.
Finalmente, acusó a las autoridades de imponer un “abuso excesivo de poder” y denunció la ausencia de diálogo con el sector:
“No nos han tenido en cuenta para la construcción de la norma”.
Un debate abierto entre movilidad y economía
El enfrentamiento de posturas evidencia la complejidad de conciliar objetivos de seguridad vial con las realidades económicas de miles de familias que dependen de la motocicleta para su sustento.
Mientras la Gobernación del Atlántico insiste en que unificar las restricciones facilitaría el control y disminuiría la siniestralidad, algunos municipios y gremios demandan soluciones más focalizadas y consensuadas.
La discusión, por ahora, continúa abierta, y todo indica que la viabilidad del pico y placa unificado dependerá de la capacidad de las autoridades para lograr acuerdos y garantizar que cualquier medida no se convierta en una carga injusta para los sectores más vulnerables.
Y.A.
