Indiscutiblemente los niveles de inseguridad en Barranquilla y su área metropolitana siguen siendo alarmantes, tal como quedó evidenciado por la última encuesta, según la cual la mayoría de los encuestados se sienten atemorizados por el accionar de la delincuencia común, porque van de la mano con la realidad que se vive no solo en Barranquilla sino en toda Colombia.
Lo cierto es que casi nunca se hace un cálculo respecto a cuánto es el armamento que circula ilegalmente por todo el territorio colombiano, pero sí es evidente que un gran conglomerado de la población permanece armado, no como un elemento para la legítima defensa, sino como un mecanismo ofensivo contra las gentes de bien, por lo que consideramos de mucha urgencia la recuperación de la noción de esa exclusividad por parte de nuestro Estado Social de Derecho.
Para nuestro concepto es ahí donde se origina el núcleo de los problemas de orden público, por lo que se deberá tener la suficiente fuerza coactiva legal para reprimir a aquellos que portan las armas como algo común y corriente.
Eso significa que todo aquel que porte o pretenda portar un arma de fuego de uso civil, bien sea para la defensa personal, desarrollar una actividad recreativa o sólo con el ánimo de coleccionarla, está obligado portar el respectivo permiso de Ministerio de Defensa patentizado en el denominado salvoconducto.
La propuesta surgida de un numeroso grupo de comerciantes de Barranquilla y su área metropolitana, en el sentido de que existe la necesidad urgente de armarse para protegerse de la arremetida de la ola delincuencial que los azota no ha tenido eco.
Como lo hemos venido comentando en este mismo espacio editorial, la mayoría de los hechos sangrientos que se cometen en Barranquilla y el resto del país, tienen ocurrencia con el accionar de armas de fuego, lo que claramente refleja el fácil acceso que está teniendo la delincuencia para obtener estos elementos y el posible comercio ilegal que se viene produciendo, caso en el cual Barranquilla y su área metropolitana no quedan eximidas.
Hay que tener en cuenta que el monopolio de las armas por parte del Estado constituye una de las cláusulas fundamentales de la Constitución Nacional de nuestra República de Colombia; lo más urgente ahora es el desarme a los delincuentes.
