Por MARÍA CLARA OSPINA
En vista de la condena en primera estancia al expresidente Álvaro Uribe y, más aún, de la “vil sentencia” impartida por la juez, sentencia ya controvertida por los más importantes juristas del país, hoy debemos analizar con cabeza fría las circunstancias de otra estancia legal de dudoso, sino vergonzoso, rendimiento en Colombia; me refiero a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Desde su inicio en 2017, la (JEP) ha generado intensos debates sobre su eficacia, imparcialidad y sostenibilidad.
Según informes de prensa reciente, hasta septiembre de 2024, la JEP no había proferido sentencias en ninguno de los 11 “macrocasos prioritarios”.
Sin embargo, la JEP en febrero de 2025 imputó a cuatro generales del Ejército por más de 400 asesinatos ilegítimamente presentados como bajas en combate en Antioquia, conocido como el “macrocaso 03” (falsos positivos), junto a 25 oficiales, 10 suboficiales, más algunos soldados.
Muchos nos preguntamos ¿Por qué avanzan primero los casos referentes a los militares? ¿Cómo se tomó la decisión de priorizar estos casos sobre los crímenes atroces de las Farc? ¿No deberían por lo menos avanzar paralelamente?
El debate sobre un supuesto sesgo político es virulento. Según el analista Carlos Enrique Moreno, la JEP trata a militares con mucha mayor severidad: obliga a detallar acciones individuales y castiga incluso a soldados rasos, mientras que en el caso de las Farc se centra en su cúpula, y gran parte de la base fue indultada o no sancionada.
Además, una ONG llamada Hijos de los Héroes Col encontró que hasta 38,66 % de las publicaciones institucionales entre 2017 y 2024 están dedicadas al macrocaso 03, mientras que sólo el 16,37 % se enfoca en crímenes de asesinato, secuestro y violencia, inclusive sexual, por parte de las Farc.
El presupuesto inicial de la JEP, durante 2018, fue de 74.000 mil millones de pesos, pero solo se ejecutaron 19,723 mil millones (44%). La JEP ha sido objeto de auditorías por manejo desigual de comunicaciones e inversiones excesivas en ciertos “macrocasos” como hemos visto en el #3. Han pasado 8 años sin sentencias efectivas en casos emblemáticos. El tribunal ha consumido recursos sin cerrar procesos, y hay señales claras de desequilibrio en su enfoque sobre militares vs. guerrilla.
Si bien la JEP ha avanzado en recolección de algunas “verdades” (con sesgo político), reconocimiento de víctimas y apertura de investigaciones emblemáticas, su eficacia sancionadora es vergonzosa: sentencias prácticamente nulas, costos elevados y el grave cuestionamiento sobre su imparcialidad.
Casos tan graves como el secuestro de niños por las Farc para utilizarlos como guerrilleros y su abuso sexual no han tenido castigo. El balance de la JEP en justicia penal es paupérrimo.
La JEP debe evaluarse críticamente: sin reformas profundas a sus procedimientos, estándares y tiempos, cuesta creer que justifique su inversión y propósito constitucional.
Para los que piensan que la condena del expresidente es una muestra de que en Colombia no hay impunidad, ojalá tengan el valor de reconocer la impunidad total de que gozan los criminales hoy senadores de las Farc.
Lo que hay en Colombia es impunidad y castigo con rasgos políticos. Lo vemos en la JEP y el en fallo político contra el expresidente. La juez peló sus colmillos de odio contra el reo, estos quedaron expuestos a la visión de los colombianos que creemos en la dignidad de la ley.
