El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dado instrucciones para esclarecer la cantidad de mercenarios colombianos que habrían perdido la vida tras el derribo de un avión en Sudán. La aeronave, de origen emiratí, fue abatida cuando se dirigía al aeropuerto de Nyala, capital del estado de Darfur Sur, una zona en conflicto controlada por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).
Petro encargó a la embajadora colombiana en Egipto, Luz Elena Martínez, la misión de confirmar cuántos colombianos viajaban en el vuelo y cuántos habrían fallecido, con estimaciones no confirmadas que sugieren alrededor de 40 víctimas. Además, el mandatario señaló la intención de gestionar el retorno de los cuerpos al país.
Según la televisión oficial de Sudán, el avión fue atacado durante su aproximación al aeropuerto de Nyala, y junto con los mercenarios, se destruyeron cargamentos de armas que transportaba la aeronave. El ejército sudanés afirmó que el derribo fue posible gracias a información de sus servicios secretos, que monitorearon el vuelo desde una base aérea en el Golfo Pérsico.
Este hecho ocurre en medio de un aumento de la violencia en Darfur y luego de que el gobierno militar sudanés reiterara denuncias sobre la participación de mercenarios colombianos en el conflicto local.
La presencia de mercenarios colombianos en conflictos internacionales no es nueva. En julio, Rusia también acusó la participación masiva de estos combatientes en la guerra en Ucrania.
Ante esta situación, el gobierno colombiano presentó en 2024 un proyecto de ley para prohibir el reclutamiento y la participación de mercenarios en guerras extranjeras, buscando así proteger a los ciudadanos de ser involucrados en conflictos que no afectan directamente a Colombia.
El presidente Petro ha manifestado que el mercenarismo es una forma de trata de personas que convierte a los colombianos en instrumentos de violencia fuera de su país. Recordó además el caso del asesinato del expresidente haitiano Jovenel Moise en 2021, donde mercenarios colombianos estuvieron implicados.
Este nuevo episodio en Sudán plantea un desafío diplomático y de seguridad para Colombia, que ahora busca esclarecer los hechos y tomar medidas para evitar que sus ciudadanos sean enviados a zonas de conflicto en el extranjero.
