Diversas opiniones entre los colombianos ha causado el “rumor” respecto a un posible proyecto de Ley relacionado con el incremento del impuesto predial en Colombia, el que según los primeros análisis de un gran conglomerado de la ciudadanía, elevaría el tope a un 300% lo que implicaría una tragedia para los componentes de la clase media.
Entre tanto hay múltiples argumentos relacionados con la actualización de los avalúos catastrales, los que según conceptos emitidos se está elevando significativamente el valor de los predios y por consiguiente, generando incrementos considerables en el impuesto predial.
Según el concepto emitido por eruditos en la materia, el Decreto vigente solo beneficia a los predios cuyo avalúo está por debajo de los 135 salarios mínimos y que la aplicación de este sistema de alivios lo que persigue es ofrecer claridad y transparencia a las alcaldías y los Concejos Distritales y Municipales, corporaciones competentes para esta clase de estudios, evitando así presiones indebidas para el pago del impuesto predial, incluso cuando los avalúos catastrales sean actualizados.
Habría que analizar con “cabeza fría” si realmente este enfoque que se le está imprimiendo al tema del impuesto predial en Colombia lleva implícita la intención de brindarle apoyo, especialmente a aquellos propietarios de predios o residencias en municipios donde el catastro no ha sido actualizado durante varias décadas.
Para estos casos, el impuesto predial ha experimentado incrementos sustanciales, para propiedades sin actualización catastral desde hace 30 años.
Sería primordial que el proyecto al que hoy hacemos referencia, se refleje en equidad y alivio para las familias afectadas, como consecuencia de los incrementos desmedidos del impuesto predial, lo cual origina una preocupante situación que refleje la realidad económica de muchos propietarios, que a menudo se ven afectado por los constantes aumentos del impuesto predial, algo que desde principio de cada año, comienza a preocupar a un vasto conglomerado de colombianos.
Todo lo anteriormente relatado nos conduce a la clara conclusión que el impuesto predial, además de afectar el derecho a tener una casa para vivir, podría afectar grandemente a las familias de clase media, así mismo el derecho a una vivienda digna al gravarle excesivamente, la posibilidad de tener un techo propio.
Además, segmentos como el de los pensionados por ejemplo – que viven de unos ingresos de subsistencia y familias que viven en inmuebles propios, que no les generan ingresos, se verían obligados a vender sus propiedades porque no podrían pagar el predial incrementado en forma exagerada .
Igualmente de darse los nuevos incrementos este impuesto también afectará el desarrollo del comercio, con la preocupante posibilidad de abrir en Colombia “el camino para un impuesto confiscatorio que terminaría en expropiación”, tal como ha ocurrido en otros países cercanos al nuestro. Indudablemente existe gran expectativa respecto al monto del impuesto predial para el 2026.
Entonces, llegó el momento para que el Senado y la Cámara de Representantes orienten un debate debidamente estudiado y fundamentado sobre tan importante asunto, para así ajustar las normas existentes, ojalá que no resulte maltratado un gran conglomerado del pueblo colombiano y que el resultado se constituya en un avance positivo, respecto a la Ley 44 de 1990, la que en la actualidad contiene la normatividad relativa a catastro e impuestos sobre la propiedad raíz en Colombia y ojalá que no se cumpla aquella frase muy costeña que ¡En vez de mejora lo que hicieron fue empeora!.
