Gracias a un modelo predictivo, la Contraloría General de la República detectó que personas con inhabilidades fiscales suscribieron contratos estatales por cifras millonarias entre 2022 y 2025.
La Contraloría General de la República reveló un preocupante hallazgo que pone en evidencia graves fallas en los controles de la contratación pública en Colombia. A través de un reciente análisis, el ente de control identificó 718 contratos suscritos con personas inhabilitadas fiscalmente, por un valor total que supera los $758.000 millones.
Esta anomalía fue detectada gracias a un nuevo modelo predictivo de contratación desarrollado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), que permitió cruzar los datos de contratación pública (SECOP I y II) con el registro de responsables fiscales (SIBOR), abarcando el período entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de mayo de 2025.
El análisis arrojó que:
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30 contratos en ejecución fueron firmados por 24 responsables fiscales, con un valor total de $20.247 millones.
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688 contratos fueron suscritos por 287 contratistas que estaban inhabilitados al momento de la firma, por un valor agregado de $737.871 millones. En varios de estos casos, los contratistas resarcieron su obligación fiscal posteriormente o los contratos finalizaron antes de su exclusión del boletín SIBOR.
Además, la Contraloría encontró que dos contratistas ya habían sido mencionados en alertas anteriores, debido a irregularidades contractuales o inhabilidades:
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La Caja de Compensación Familiar del Caquetá, inhabilitada cuando firmó un contrato con la Fiscalía General de la Nación – Regional Centrosur por $159.977.528.
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La Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar – Comfamiliar, también inhabilitada al momento de firmar con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena por $47.949.700.
El organismo de control aseguró que “emitirá las alertas correspondientes y continuará con su labor de control fiscal concomitante y preventivo, con el fin de advertir riesgos en la contratación pública y reforzar el cumplimiento del régimen de inhabilidades”.
Este escándalo resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y prevenir que recursos públicos terminen en manos de contratistas que no cumplen con los requisitos legales.
Y.A.
