El Ministerio de Defensa apoyará la ejecución de las primeras sanciones propias en el marco del Caso 01 y Subcaso Costa Caribe del Caso 03, con presencia institucional en los territorios.
El Gobierno Nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acordaron acciones conjuntas para asegurar la implementación segura de las primeras sanciones restaurativas contempladas dentro del modelo de Justicia Transicional en Colombia. Esta coordinación se da en el marco del Caso 01, que investiga secuestros cometidos por las extintas FARC, y del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, centrado en homicidios y falsos positivos cometidos por agentes del Estado.
Las sanciones aún no han sido emitidas formalmente, pero ya se han celebrado las Audiencias Públicas de Verificación, en las que se establecieron las condiciones para que los comparecientes puedan asumir compromisos restaurativos con las víctimas. Para garantizar que dichas decisiones judiciales se apliquen sin generar nuevos riesgos, el Ministerio de Defensa lideró una reunión con altos mandos militares y de policía, junto con funcionarios de la JEP y delegados del Ejecutivo.
“Estamos próximos a que la JEP emita las sanciones en el marco de su competencia. Nosotros, como Ministerio de Defensa, hemos suministrado más de 2.230 documentos con información requerida por la JEP, para que actúe con total verdad, transparencia y pueda emitir las sanciones respectivas”, afirmó el ministro Pedro Sánchez Suárez, quien presidió el encuentro.
El Ministerio también se comprometió a garantizar la seguridad territorial durante la ejecución de los proyectos restaurativos, en los que participarán víctimas, comparecientes, comunidades, operadores judiciales y organismos internacionales de verificación. El respaldo logístico, operativo y administrativo será clave para materializar estas sanciones en escenarios donde persisten riesgos por la presencia de actores armados y conflictividades sociales.
Por su parte, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, destacó la importancia de este respaldo institucional:
“Estas primeras sentencias que se van a emitir prontamente deben poder cumplirse en los territorios con garantías. Por eso, valoramos enormemente la voluntad del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa para que estas sanciones se implementen sin generar nuevos riesgos o afectaciones para las partes involucradas”, expresó.
A la reunión también asistieron la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad, y el magistrado Pedro Elías Díaz Romero, presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, junto con otros togados y representantes de las Fuerzas Militares.
Este esfuerzo conjunto marca un paso clave hacia la materialización de la justicia restaurativa en Colombia, permitiendo que las víctimas vean acciones concretas en los territorios y que los comparecientes cumplan con sanciones orientadas a la verdad, reparación y no repetición.
Y.A.
