El exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, declarará ante la Sala de Instrucción sobre presuntas dádivas a legisladores a cambio de avalar créditos públicos a favor del Gobierno.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó al condenado exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, para rendir declaración en calidad de testigo dentro del proceso que se adelanta contra varios congresistas y un excongresista, señalados de haber recibido beneficios indebidos a cambio de respaldar créditos internacionales del Gobierno.
Pinilla comparecerá los días 13, 14 y 15 de agosto ante el magistrado Misael Rodríguez, en el marco de un expediente que involucra directamente a los legisladores Liliana Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique y al exrepresentante Juan Diego Muñoz Cabrera, todos integrantes o exintegrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).
De acuerdo con la Corte, los investigados habrían aprovechado su rol en esta comisión para emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se traducirían en proyectos asignados desde la UNGRD en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
“En concreto, a cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD”, señala el Alto Tribunal.
Una de las pruebas clave en este proceso revela que entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023, se emitieron 13 de los 18 conceptos que el Ministerio de Hacienda presentó ante la comisión, lo que ha levantado sospechas sobre un patrón de decisiones presuntamente direccionadas.
Además de Pinilla, también ha sido llamada a declarar María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien habría participado en la articulación de estas operaciones.
El escándalo cobra mayor dimensión al conocerse que los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés David Calle, ya fueron privados de la libertad mientras avanza una investigación paralela. Ambos son señalados de recibir pagos ilícitos para acelerar la tramitación de reformas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. El despacho del magistrado Francisco Farfán ordenó su detención en La Picota por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
Este nuevo capítulo judicial confirma la profundidad del escándalo de la UNGRD, una entidad que ha pasado del manejo de emergencias naturales al centro de una de las más complejas tramas de corrupción que enfrenta hoy la institucionalidad colombiana.
Y.A.
