El gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, de nuevo se refirió a los diputados que bloquearon los recursos del superávit en el Magdalena.
Por fin confesaron las verdaderas motivaciones del porqué, durante 7 meses, bloquearon los recursos del superávit e impidieron que se invirtieran en obras para la salud, la educación, la atención al adulto mayor y la prevención de inundaciones y desastres en el departamento del Magdalena, incluida Santa Marta.
«Más de 500 mil millones destinados a financiar obras de salud fueron bloqueados. Nunca fueron razones jurídicas ni legales. Su única motivación fue tratar de hacer politiquería e intentar comprar conciencia», precisó.
Dijo, además, que los magdalenenses ya saben el por qué no se han podido poner en funcionamiento los nuevos puestos de salud de ocho municipios.
«Las obras en más de 15 municipios. Frenaron el avance de la construcción de universidades en Santa Marta, y así decenas de obras. Este diputado hoy lo deja claro, lo confiesa, pero el pueblo del Magdalena no se rinde, no vamos a retroceder ni un minuto, vamos hacia adelante», indicó.
Para el gobernador, esto quiere decir que nunca fue por razones jurídicas ni legales; su única motivación fue hacer politiquería y ofertar esos recursos para comprar conciencias a lo largo del Magdalena, con los alcaldes que hacen parte del Pacto de Ciénaga.
En el departamento del Magdalena, donde las necesidades básicas siguen sin resolverse, la salud ha sido tomada como rehén. No por la escasez de recursos, ni por la incapacidad técnica, sino por la decisión deliberada de ocho diputados que, por razones políticas, han frenado el avance de tres hospitales clave: los de Pijiño del Carmen, San Zenón y El Retén. Una situación que solo puede describirse como criminal.
El caso más simbólico y doloroso es el del Hospital de El Retén. Una obra prácticamente finalizada, una infraestructura que ya podría estar salvando vidas y brindando atención a cientos de habitantes, pero que hoy está cerrada, sin dotación, sin personal, sin servicios, porque el dinero necesario para su funcionamiento permanece congelado en las cuentas de la Gobernación, a la espera de una aprobación que no llega. Y no llega porque, como lo denuncian los propios comités populares, hay una “actitud mezquina y casi criminal” por parte de la mayoría de los diputados de la Asamblea.
Esos mismos recursos, gestionados por la Gobernación, están listos para ser ejecutados. No es una promesa lejana ni un trámite incierto. El dinero existe, está disponible. Solo falta la voluntad de esos ocho diputados para permitir que los proyectos avancen. Pero no la tienen. Y no la tienen porque han convertido la administración pública en una trinchera electoral, en una batalla personal, en una vendetta.
