La Corte Penal Internacional (CPI) sacude el tablero en La Haya: su Sala de Apelaciones ordenó al fiscal jefe, Karim Khan, apartarse del caso que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, alegando un posible conflicto de interés por vínculos familiares con la defensa del régimen chavista.
¿La razón? Un hecho aparentemente lejano pero significativo: en noviembre de 2022, Venkateswari Alagendra —cuñada de Khan— integró el equipo legal que representó al Estado venezolano ante la misma Corte. Esto fue suficiente para que la Sala concluyera que existen “motivos razonables” para creer que Khan debió haberse recusado voluntariamente. Ahora le dan tres semanas para hacerlo.
La petición de recusación fue presentada en 2024 por la Fundación Arcadia y el activista Robert Carmona, quienes denunciaron la conexión entre el fiscal y una exintegrante de la defensa venezolana como una falta grave de imparcialidad.
Khan, por su parte, niega haber compartido información confidencial con su cuñada y asegura que no vive con ella ni tiene intereses financieros compartidos. No obstante, el impacto reputacional ya está hecho.
El caso Venezuela I en la CPI investiga violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde 2014. El gobierno de Nicolás Maduro ha tachado la investigación de “instrumento político” y ha rechazado todas las acusaciones. La decisión de apartar a Khan podría ofrecer al régimen una nueva línea discursiva, aunque también refuerza la credibilidad del tribunal al hacer valer sus principios éticos.
Con el fiscal estrella fuera del tablero —al menos en este caso—, se abre un nuevo capítulo en el largo pulso entre la justicia internacional y los señalamientos sobre Venezuela. La pregunta ahora es: ¿quién tomará el timón y con qué rigor?
