Más de 28 inmuebles y una sociedad comercial, valorados en más de 19.500 millones de pesos, fueron objeto de extinción de dominio por estar vinculados al patrimonio ilícito de Francisco Javier Piedrahita Sánchez, señalado colaborador del narcotráfico y las AUC.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 28 inmuebles y una sociedad comercial, valorados en más de 19.500 millones de pesos, por estar presuntamente ligados al patrimonio ilícito de Francisco Javier Piedrahita Sánchez, un viejo conocido de las autoridades por su supuesta colaboración con el narcotráfico y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según informó el ente acusador, los bienes ocupados se encuentran en los municipios de San Onofre, Tolú y Sincelejo (Sucre), así como en Montería (Córdoba), y habrían sido adquiridos con recursos provenientes del tráfico de clorhidrato de cocaína hacia mercados internacionales. Para ocultar su origen, los inmuebles fueron puestos a nombre de terceros sin capacidad económica comprobada o a través de una sociedad comercial constituida en 1991 con el propósito de dar apariencia de legalidad a los recursos ilícitos.
Bienes que habrían sido adquiridos con recursos producto del envío de cocaína a destinos internacionales, que pertenecerían al señalado socio de Gonzalo Rodríguez Gacha a finales de la década de los noventa y presunto financiador de grupo paramilitares en los noventa, Francisco… pic.twitter.com/QkHUdIgMGP
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 4, 2025
Las propiedades fueron ocupadas por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y quedaron bajo medidas como embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión material, mientras avanza el proceso judicial que busca evitar su circulación en el mercado.
Piedrahita Sánchez es señalado como presunto socio del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias «El Mexicano», durante la década de los ochenta, y se le atribuye haber sido financiador de estructuras paramilitares en los años noventa. Las investigaciones revelaron que el entramado de ocultamiento financiero y patrimonial se extendió durante décadas, permitiéndole mantener el control de los bienes bajo una fachada de legalidad.
La Fiscalía justificó la publicación de esta información por razones de interés general, al tratarse de un caso que compromete la legalidad y transparencia del patrimonio en dos departamentos históricamente golpeados por el conflicto armado y el narcotráfico.
Este operativo se enmarca en las acciones de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, como parte del compromiso del Estado en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos y la recuperación de bienes para la reparación de víctimas y la justicia social.
Y.A.
