A través de una carta pública, 16 exministros y exviceministros señalaron que el decreto que establece el nuevo modelo de atención en salud representa una reforma de facto, carente de sustento legal, técnico y financiero.
El anuncio del gobierno sobre la implementación de un nuevo modelo de salud basado en un enfoque preventivo, predictivo y resolutivo, ha encendido las alarmas entre expertos del sector. Un grupo de 16 exministros y exviceministros de Salud publicó una carta abierta advirtiendo que el decreto que sustenta esta transformación constituye una reforma de facto, sin el respaldo legal explícito, sin financiación clara, y sin un estudio técnico transparente.
En el documento, los exfuncionarios sostienen que “al debilitar la figura del aseguramiento individual, desdibujar el papel de las EPS y trasladar funciones clave a entes territoriales sin capacidad probada, se corre el riesgo de romper la columna vertebral del modelo actual sin haber construido una alternativa funcional”.
La advertencia llega en un momento de creciente incertidumbre en el sector salud. Según los exministros, este decreto no constituye una salida a la crisis, sino una imposición unilateral, sin diálogo democrático, ni consenso social, lo que puede comprometer el acceso, la calidad y la equidad en la atención para millones de colombianos.
“Sin anclaje técnico, ni diálogo democrático real, ni consenso social amplio, el país se encamina hacia una transformación de alto riesgo, más ideológica que técnica”, señala la carta, enfatizando que el modelo planteado podría derivar en incertidumbre institucional, operativa y financiera.
Entre los principales reparos, se destaca la confusión entre afiliación y adscripción, lo que genera desorden en el sistema, así como la exigencia a las EPS de contratar con redes de atención que no pueden configurar. También se critica que se deleguen funciones a los CAPS (Centros de Atención Primaria en Salud) sin contar con lineamientos definidos ni capacidades establecidas, lo que —en palabras de los exfuncionarios— trastoca los equilibrios básicos del sistema sin ofrecer garantías de sostenibilidad ni continuidad.
Esta fuerte crítica, que proviene de voces técnicas con experiencia directa en la formulación de políticas públicas en salud, representa un llamado urgente al Gobierno para revisar el decreto, abrir espacios reales de concertación, y definir un modelo sustentado en criterios técnicos, viabilidad financiera y capacidad institucional real.
Mientras tanto, persiste la preocupación por el rumbo que tomará la salud en Colombia, ante un decreto que —según los firmantes— profundiza la incertidumbre en lugar de resolverla.
Y.A.
