Desde tiempos inmemoriales se conoce en nuestra región Caribe, un adagio popular que se extendió por toda Colombia y traspasó las fronteras de nuestra Patria, es el que hace alusión a que “La Justicia cojea pero llega”, el cual ha recobrado popularidad en los últimos días con motivo del conocido caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el que para muchos colombianos ha despertado gran expectativa respecto al resultado final, luego de conocerse la decisión de su condena en primera instancia, cuyo texto es ampliamente conocido por un inmenso conglomerado del pueblo colombiano, el que no se puede negar, se ha mantenido con gran expectativa después de conocerse – por decirlo así- en el primer round de una controversia jurídica que ahora pasara a instancias superiores, patentizadas en el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá y si es menester a la Corte Suprema de Justicia mediante el recurso extraordinario de casación, no cabe duda que la inédita condena ampliamente conocida contra el expresidente Uribe Vélez ha revolucionado el “cotarro” político de nuestra República de Colombia desde La Guajira hasta el Amazonas.
Doce años de prisión domiciliaria es la condena en primera instancia a Álvaro Uribe Vélez, por manipulación de testigos, algo sin antecedentes en la historia reciente de Colombia. Tampoco había ocurrido que uno de los principales partidos políticos de Colombia como lo es el Centro Democrático, tenga que encarar unas elecciones nacionales con el hándicaps de la condena penal de su figura principal, ni que la derecha y la izquierda coincidieran en señalar importantes decisiones judiciales de distinta índole como las motivadas políticamente.
No hay que desconocer que aunque el proceso contra el exmandatario no ha perdido su vigencia, si resulta procedente que varias etapas de este, con un significativo impacto político y mediático de la decisión que reveló la jueza Sandra Heredia en dos tiempos, cuando anunció su decisión de condenar al expresidente Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y el de fraude procesal cuando dio a conocer la mencionada sanción.
Si bien es cierto que la tan polémica condena dictada contra el expresidente Álvaro Uribe profundiza la división en Colombia y continuará desatando una tormenta de tensiones entre sus seguidores, los que han venido denunciando una persecución política y sus detractores, que catalogan el fallo judicial como un hito en la lucha contra la impunidad.
No cabe duda que el denominado ‘juicio del siglo’ ha incrementado la polarización entre la izquierda y la derecha las que discuten en las redes sociales si la pena impuesta es justa, si la juez Sandra Heredia actuó conforme al derecho, si el expresidente Alvaro Uribe merece continuar en libertad hasta que el fallo quede en firme o si la condena tuvo motivaciones políticas, en una polémica que parece no tener fin en un corto tiempo.
El fallo se encuentra en el término legal correspondiente para ser apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, que en este caso será el competente para pronunciarse en segunda instancia respecto a este tópico a más tardar el próximo mes de octubre del presente año.
Estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial y su legitimidad institucional son las reacciones políticas que han surgido posterior a la sentencia.
Al respecto la defensora del Pueblo recordó que la historia judicial de Colombia ha estado marcada por la violencia contra jueces y fiscales.
