Tras haber obstaculizado recursos claves para prevenir emergencias, algunos diputados ahora se erigen como voceros del drama ciudadano en redes sociales. La doble moral política ahonda la crisis estructural del departamento.
Por: Juana de Arco.
DIARIO LA LIBERTAD.
En un departamento tan golpeado por la naturaleza como el Magdalena, donde cada temporada de lluvias amenaza con poner en jaque la vida de miles, el manejo político del riesgo no puede ser un asunto de cálculo electoral. Sin embargo, eso es precisamente lo que ha ocurrido en la Asamblea Departamental, donde diputados como Ángela Cedeño y Rafael Noya —entre otros— han hecho gala de una incongruencia que raya en el cinismo: bloquearon recursos esenciales para prevenir emergencias, y ahora, sin sonrojarse, aparecen en redes sociales clamando “ayuda urgente” para las comunidades que ellos mismos dejaron expuestas.
Este viraje discursivo no es anecdótico: es el síntoma de un modelo político decadente que usa la tragedia como escenario para la auto-promoción y la manipulación mediática. En una sesión de la Asamblea, se propuso incorporar al presupuesto vigente recursos fundamentales para obras de mitigación de riesgo, drenajes pluviales, gaviones y sistemas de alerta temprana. La mayoría de los diputados —incluyendo los mencionados— se opusieron o se abstuvieron de aprobar estos fondos, bajo excusas técnicas y argumentos administrativos que no resisten el menor análisis ético.
«¡Cínicos! Primero impiden la aprobación de recursos clave para prevenir emergencias y apoyar a los afectados, y ahora posan como salvadores exigiendo ayudas».
La narrativa se invierte cuando las calles se inundan, los puentes colapsan y las familias pierden sus enseres. Este domingo 3 de agosto, Ángela Cedeño escribió en su cuenta de X: “Es #URGENTE que toda la institucionalidad (…) esté en disposición activa para atender a las familias samarias que han sufrido afectaciones…”.
Es #URGENTE que toda la institucionalidad de la alcaldía @SantaMartaDTCH , gobernación @MagdalenaGober y diferentes autoridades estén en disposición activa para atender a las familias samarias que han sufrido afectaciones productos de las fuertes lluvias del día de hoy.
La…
— Angela Cedeño Ruiz (@Angelacedeno30) August 4, 2025
Minutos después, Rafael Noya publicó una foto impactante de una calle de Santa Marta sumergida en agua. Pero la comunidad digital, más despierta que nunca, no tardó en señalar la hipocresía: ¿cómo pueden ahora pedir acción quienes bloquearon los mecanismos para prevenir el desastre?
Mi solidaridad con los cientos de damnificados por las fuertes lluvias en Santa Marta, hoy más que nunca necesitamos del trabajo de todos para atender la emergencia que atraviesa la ciudad.
Me informan que son muchos los sectores afectados, hago un llamado urgente a la @UNGRD,… pic.twitter.com/dlWvEFZEQI
— Rafael Noya (@rafaelnoyag) August 4, 2025
Este episodio pone sobre la mesa dos falencias estructurales: la falta de ética pública y la irresponsabilidad legislativa. La prevención no puede depender del humor político del momento ni de la conveniencia mediática. Un servidor público decente actúa antes del caos, no posa entre escombros o fango para sumar “me gusta”.
El costo de estas decisiones no es abstracto: niños sin escuela, familias sin hogar, comerciantes quebrados, comunidades aisladas por vías intransitables y rezagados ante la falta de hospitales dignos.
En Santa Marta la obra avanza, la plata está, pero la Asamblea la congela…
El caso del Consorcio Mi Calle 2023, que ha ejecutado más del 84% de las obras contratadas sin recibir un solo peso de la Gobernación, revela la profundidad del problema. Los recursos estaban asignados, pero al no ser incorporados al presupuesto por la Asamblea, quedaron congelados, a pesar de estar comprometidos en contratos en ejecución.
“Así no queramos perjudicar al gobierno ni a las comunidades, tenemos que suspender porque no hay más recursos”, confesó uno de los contratistas, visiblemente frustrado. La plata está, el proyecto avanza, pero los diputados que juegan a la oposición destructiva han preferido dejarlo todo a medio camino, afectando directamente a los barrios populares de Santa Marta.
El discurso de que estas decisiones se toman para “revisar bien los proyectos” o “priorizar mejor el gasto” cae por su propio peso cuando se constata que la supuesta prudencia técnica es, en realidad, una estrategia política para asfixiar a un gobierno local con el que no comulgan. Lo que se vende como fiscalización es, en realidad, boicot institucional, un chantaje disfrazado de legalismo.
Mientras tanto, el cartel de los llamados “diputados del mal” cobra más vigencia que nunca. No se trata de una etiqueta caprichosa, sino de una señal de alerta sobre cómo algunos actores políticos operan con lógica de sabotaje, sin importar las consecuencias humanas. La ciudadanía no puede seguir siendo víctima de estas batallas palaciegas: el dolor de la gente no es un trofeo político ni una oportunidad de protagonismo.
Es momento de exigir responsabilidad, coherencia y transparencia. El pueblo del Magdalena no necesita más tuits lacrimógenos ni selfies con botas de caucho: necesita que quienes están llamados a legislar lo hagan con visión, integridad y compromiso. Porque la verdadera gestión no se improvisa cuando llega la emergencia, se anticipa y se planifica para que esa emergencia no ocurra.
La próxima vez que un diputado aparezca frente a una cámara o en redes sociales pidiendo ayuda, la ciudadanía debe preguntarse: ¿qué hizo usted antes del desastre? Esa es la pregunta que separa a un líder de un oportunista.
Y.A.
