El ganadero Reinaldo Gómez Uribe asegura que presuntos funcionarios de la ANT le exigieron 50 millones de pesos para evitar que su finca Villa Hilda fuera declarada como baldío y tomada por el Estado.
Los escándalos siguen nublando a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esta vez, una nueva denuncia pública pone en evidencia posibles hechos de corrupción y extorsión por parte de presuntos funcionarios de la entidad en su sede en Valledupar. El caso fue revelado inicialmente por el periodista Jacobo Solano Cerchiaro y retomado en una reciente columna de Aurelio Suárez en la revista Semana.
El protagonista de la denuncia es el ganadero Reinaldo Gómez Uribe, quien desde hace décadas reside en el bajo Sinú, tras haber sido desplazado por la guerrilla desde su natal Yarumal, Antioquia. Gómez relata que, en abril pasado, fue abordado por dos sujetos que se identificaron como funcionarios de la ANT y le exigieron 50 millones de pesos para excluir su finca Villa Hilda de una lista de predios que serían tomados por el Estado al ser considerados baldíos.
La respuesta del ganadero fue contundente: “No estoy dispuesto a darles 50 millones de pesos a ningún ‘HP’ porque yo no soy ni guerrillero ni bandido”, afirmó, negándose a lo que considera un claro intento de extorsión.
El litigio se centra en tres predios que, según Gómez, fueron adquiridos legalmente y cuyas compraventas están debidamente registradas ante Notariado y Registro. Las tierras fueron compradas a Termo León, Eduardo Hernández y la familia Segura, y juntas conforman la finca Villa Hilda.
A pesar del rechazo inicial a la oferta extorsiva, el ganadero recibió luego una llamada de una mujer que se presentó como Ana Bautista, supuesta funcionaria del área jurídica de la ANT. Aunque esta vez no se habló de dinero, la funcionaria le pidió reunirse para tratar la entrega voluntaria del predio, sin oponerse a la decisión estatal. La cita, que se realizaría en la iglesia del corregimiento Villa Nueva, nunca se concretó.
La tensión escaló cuando una comisión de la ANT, escoltada por la fuerza pública y en compañía del Inspector Central de Purísima, Luis Hernández, llegó a Villa Hilda para notificar oficialmente a Gómez que su finca pasaría a manos del Estado colombiano.
Este nuevo caso se suma a una cadena de cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad con la que opera la Agencia Nacional de Tierras en diferentes regiones del país. De comprobarse, no solo se trataría de un abuso de poder, sino de una práctica sistemática de presión, manipulación jurídica y posible corrupción interna.
Ante la gravedad del caso, la ciudadanía exige una investigación rigurosa, no solo sobre los hechos en Purísima, sino sobre el proceder de la ANT en Valledupar y otras sedes, donde se han reportado irregularidades similares. Mientras tanto, Reinaldo Gómez continúa en pie de lucha por defender lo que afirma es suyo, adquirido por los cauces legales, y que hoy enfrenta el riesgo de ser expropiado bajo la sombra de la duda institucional.
Y.A.
