Aunque no ha sido condenado, el nombre de Álvaro Hernán Prada figura en la sentencia contra Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal, lo que pone en entredicho su permanencia como magistrado del Consejo Nacional Electoral.
El fallo que condena a Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno en actuación penal no solo sacude los cimientos políticos del país, sino que también ilumina los rincones oscuros de una red de actores cercanos al expresidente, entre ellos el hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada. Aunque el excongresista no ha sido condenado, su vínculo con los hechos por los cuales Uribe fue hallado culpable abre una grieta institucional que no puede seguir ignorándose.
La jueza Sandra Heredia, en su veredicto, fue contundente: existió una estrategia orquestada desde múltiples frentes para presionar testigos y construir un relato que eximiera a Uribe de señalamientos por nexos con el paramilitarismo en los años noventa. En ese entramado aparece el nombre de Prada, a quien la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación formal el 4 de agosto de 2020, tras encontrar pruebas que lo señalarían como intermediario entre Uribe y el exparamilitar Carlos Enrique Vélez.
Según el expediente (Auto 2020-00835), Prada se habría valido de un tercero —Juan José Salazar, su exasesor— para contactar al testigo privado de la libertad y gestionar una declaración favorable al expresidente. Lo grave no fue solo el contacto, sino el intento de legitimar esa versión, incluso mediante cartas oficiales firmadas por el entonces representante a la Cámara. La Corte fue clara: “No se trató de una actuación espontánea y desinteresada”, sino de un uso activo de su investidura pública para obstruir la justicia.
¿Puede una persona con este historial seguir ocupando una magistratura en el CNE, entidad que tiene entre sus principales misiones garantizar la transparencia electoral? La respuesta debería ser obvia. No se trata de una cuestión judicial —donde, sin duda, Prada conserva su derecho a la presunción de inocencia—, sino de una exigencia ética y política. La democracia no solo se cuida con leyes, también con ejemplo.
El caso Prada evidencia una de las principales debilidades del sistema institucional colombiano: la disociación entre la legalidad formal y la legitimidad moral. Su permanencia en el CNE —el organismo encargado de custodiar el voto de los colombianos— pone en riesgo la confianza pública en el sistema electoral. ¿Cómo pueden los ciudadanos confiar en que sus elecciones serán limpias si uno de los jueces del proceso está vinculado a escándalos de manipulación judicial?
Nadie ha pedido que se le condene antes de juicio. Pero renunciar al cargo no sería un acto de rendición, ni una admisión de culpa. Sería un gesto mínimo de responsabilidad institucional, de respeto por la función pública y por la democracia que dice proteger. En palabras de la misma Constitución, los servidores públicos deben actuar con “rectitud, eficacia e imparcialidad”. Prada ya no representa ninguno de esos valores.
Que un magistrado investigado por intentar influir en testigos judiciales continúe en un organismo que decide sobre la legalidad de campañas, listas y partidos políticos, es una paradoja inadmisible. Más aún cuando el proceso judicial de Uribe avanza y el entorno de sus colaboradores empieza a estrecharse bajo el escrutinio de la justicia.
Hoy, más que nunca, el Consejo Nacional Electoral necesita credibilidad, y Prada es un lastre para esa tarea. Su renuncia no solo sería lo correcto, sino lo imprescindible para que el país comience a sanar una de sus heridas más profundas: la percepción de que el poder político se burla impunemente de la justicia.
El daño a la institucionalidad no se mide solo en sentencias, sino en silencios prolongados y en cargos ocupados por quienes no deberían estar allí. Por eso, la pregunta no es si Prada es culpable o inocente, sino si tiene el decoro suficiente para dar un paso al costado. Colombia lo necesita, y la democracia también.
Y.A.
