A quienes insisten en que lo nuestro fue un caso jurídico, les pido que me expliquen: ¿Cuáles fueron los criterios para juzgarnos y, al mismo tiempo, eximir de toda responsabilidad a tres gobernadores (y a otros doce más) que hicieron exactamente lo mismo? No tengo nada contra… pic.twitter.com/ZjYWeNKRVx
— Rafael Martínez (@mrafael70) August 3, 2025
El exalcalde de Santa Marta y actual dirigente político Rafael Martínez volvió a prender el debate sobre el proceso judicial que lo inhabilitó para aspirar a la Gobernación del Magdalena, tras una polémica decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE). A través de sus redes sociales, el líder del movimiento Fuerza Ciudadana lanzó una crítica directa al sistema judicial y electoral colombiano, sugiriendo una clara falta de imparcialidad.
«A quienes insisten en que lo nuestro fue un caso jurídico, les pido que me expliquen: ¿Cuáles fueron los criterios para juzgarnos y, al mismo tiempo, eximir de toda responsabilidad a tres gobernadores (y a otros doce más) que hicieron exactamente lo mismo? No tengo nada contra ellos, celebro que sigan en sus cargos. Pero si la ley no es para todos por igual, entonces no es justicia. Es persecución», escribió Martínez en su cuenta oficial.
El comentario hace referencia al polémico fallo que impidió su candidatura en las elecciones regionales de 2023, al considerar que se encontraba inhabilitado por haber ejecutado convenios administrativos durante su mandato como alcalde de Santa Marta, decisión que desde entonces ha sido considerada por sus seguidores como un acto de persecución política.
Martínez, quien goza de amplio respaldo popular en el Magdalena y ha sido una de las principales figuras de oposición al Gobierno Nacional en la región, plantea una pregunta que toca las fibras del principio de igualdad ante la ley: ¿por qué a él sí lo inhabilitaron y a otros funcionarios en condiciones similares no?
Aunque no menciona nombres directamente, el mensaje hace alusión a otros mandatarios regionales que, según él, incurrieron en actuaciones administrativas idénticas sin recibir ninguna sanción. La afirmación ha generado reacciones encontradas: mientras sus seguidores reafirman que fue víctima de una persecución orquestada para debilitar su movimiento político, sus detractores insisten en que la decisión del CNE fue ajustada a derecho.
Lo cierto es que el mensaje de Rafael Martínez reabre el debate sobre el uso de las instituciones judiciales y electorales como herramientas de presión política. Desde Fuerza Ciudadana han reiterado su denuncia ante organismos nacionales e internacionales, mientras que el propio Martínez ha prometido seguir luchando por lo que considera un derecho vulnerado.
En medio de este clima, la ciudadanía del Magdalena sigue expectante, no solo por el desenlace del proceso jurídico y político de Martínez, sino también por el impacto que estas decisiones puedan tener en el futuro de la democracia regional.
