La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales ante la crítica situación humanitaria que se vive en varias zonas rurales del municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, donde más de 5.000 personas permanecen confinadas por la presencia de grupos armados ilegales.
Según informó el Ministerio Público, las comunidades afectadas pertenecen a los corregimientos de Canelos, Villaflor y Buenavista, así como a las veredas La Marizosa y Pie de Sabana. Las restricciones impuestas por los actores armados han impedido la libre movilidad de los habitantes, bloqueando también el acceso a alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales.
Frente a esta situación, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barrancabermeja exhortó a entidades como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las Fuerzas Militares, a intervenir de forma inmediata y coordinada.
El órgano de control propuso reforzar la presencia institucional, activar los planes de contingencia municipales y desplegar misiones humanitarias con acompañamiento del Ministerio Público y organizaciones de derechos humanos. Asimismo, reiteró que el confinamiento forzado es una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.
Esta advertencia se suma a las alertas recientes emitidas por el secretario de Seguridad del departamento, Manuel Berrio, quien ya había denunciado la situación en julio y pidió medidas urgentes para proteger a la población civil.
Mientras tanto, la violencia continúa dejando víctimas en la región. La Primera División del Ejército Nacional confirmó la muerte del soldado profesional Adrián Camilo Madera Tapia durante un enfrentamiento armado con integrantes del Clan del Golfo en Montecristo, sur de Bolívar, el pasado 31 de julio. Otro uniformado resultó herido en el mismo combate, aunque se encuentra fuera de peligro y en recuperación.
La Procuraduría insistió en la necesidad de activar rutas de atención, prevención y protección inmediata para evitar un eventual desplazamiento masivo y garantizar los derechos fundamentales de las comunidades confinadas.
