Mediante una carta abierta, el equipo de gobierno departamental expresó su desacuerdo con la decisión del Consejo de Estado, defendió la legitimidad del voto popular y pidió al presidente Petro actuar con coherencia frente al caso.
Con firmeza y sin titubeos, el Gabinete Departamental del Magdalena se pronunció este 31 de julio a través de una carta abierta al pueblo para manifestar su “profundo desacuerdo” con la decisión del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección del gobernador Rafael Alejandro Martínez.
“Recibimos sin sorpresa y con profundo desacuerdo la decisión del Consejo de Estado… pero no podemos callar ante lo que constituye un grave atentado contra la democracia, una afrenta al pueblo del Magdalena y un desconocimiento de la voluntad popular”, señala la misiva.
Martínez fue elegido con una votación masiva que, según el gabinete, dio continuidad al proyecto de transformación liderado por Carlos Caicedo desde la Alcaldía de Santa Marta hasta la Gobernación del Magdalena, a través del movimiento Fuerza Ciudadana.
Los firmantes resaltaron que este proceso político ha “incomodado a los poderosos de siempre” y fue construido desde una apuesta de izquierda, con resultados palpables en sectores históricamente olvidados. Reprocharon, además, lo que consideran una “persecución política, jurídica y violenta” contra los líderes de la colectividad.
El gabinete hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro, solicitando una respuesta coherente con su postura ideológica. “Usted, como cabeza del primer gobierno de izquierda en Colombia, debe restablecer en parte los derechos de las colectividades minoritarias”, señalaron.
En un tono sereno pero firme, la carta reiteró que el Plan de Desarrollo Departamental, diseñado y aprobado bajo la gestión de Martínez, seguirá ejecutándose a favor del pueblo. “El cambio es imparable”, concluye el documento, que cierra con una muestra de respaldo emocional y político al gobernador removido.
La reacción del gabinete refuerza el clima de polarización política que vive el departamento, en donde la legitimidad del voto popular choca con decisiones judiciales que, según sectores afines a Fuerza Ciudadana, pretenden silenciar procesos de transformación en marcha.
Y.A.
