Rafael Martínez, en su estilo frontal, no tardó en reaccionar ante un falso documento que circuló con fuerza en redes sociales y fue replicado sin verificación alguna por varios medios —algunos claramente alineados con los intereses de la politiquería tradicional—, en el que se daba por hecho un acto administrativo fechado el 4 de octubre de 2025, día que, para sorpresa de nadie que revise un calendario, cae sábado… y no domingo, como aseguraba el escrito.
Se trata del nuevo episodio pone en evidencia el preocupante nivel de desinformación que circula, incluso, desde portales que se autodenominan “medios de comunicación”. Esta vez, fue un burdo error de calendario que dejó en evidencia el apuro con el que se intenta construir narrativa contra Fuerza Ciudadana.
“¿Cómo puede ser que ni eso revisen?”, se preguntó con ironía Martínez, al denunciar lo que calificó como un mamarracho jurídico y mediático, montado a las carreras y replicado sin vergüenza por medios “pagados” o “incautos” que no solo ignoraron la verificación básica de datos, sino que se dejaron arrastrar por el afán de hacer daño político, aunque fuera a costa de su credibilidad profesional.
Saade fue claro: “A Fuerza Ciudadana se le respetan los derechos
Desde el corazón del poder presidencial, el jefe de gabinete de Gustavo Petro, Alfredo Saade, rompió el silencio sobre la tormenta política que sacude al Magdalena. Lo hizo con palabras que, más que declaraciones, suenan a advertencia institucional: el Gobierno nacional no permitirá que se desconozcan los derechos políticos de Fuerza Ciudadana en la Gobernación, ni que se saboteen los avances estructurales en el acceso al agua.
“El respeto a la participación democrática y a las organizaciones políticas es prioridad para el presidente Petro”, dijo Saade el pasado lunes, marcando distancia frente a las tensiones que han rodeado la designación de un gobernador encargado en el Magdalena, en medio de lo que muchos denuncian como una ofensiva para desmantelar lo que el pueblo eligió en las urnas.
Esto del supuesto encargo de Gobernador, por fuera del marco normativo que ampara el derecho del partido o movimiento que inscribió la candidatura en el Magdalena, promovido por el diputado que, sin escrúpulos, pasa de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha,… pic.twitter.com/oaUbaXEGlm
— Rafael Martínez (@mrafael70) August 2, 2025
¿Mensaje para quién?
Las palabras de Alfredo Saade no son inocentes. Llegan justo cuando Fuerza Ciudadana denuncia una ofensiva institucional para arrebatarle el poder conseguido por vía democrática. La destitución de Rafael Martínez, la exclusión de Jorge Agudelo y la imposición de decisiones desde Bogotá, han generado un clima de indignación y resistencia ciudadana.
Con su declaración, el jefe de gabinete envía un mensaje claro a quienes buscan desmontar un proyecto político elegido seis veces por la voluntad popular: el Gobierno nacional no se prestará para persecuciones disfrazadas de legalidad.
Una ola progresista que no se detiene
La defensa de Fuerza Ciudadana y el blindaje de las obras clave, como la del agua, reflejan algo más profundo: el reconocimiento de que en el Magdalena se está jugando una batalla nacional entre el viejo régimen político y las nuevas formas de hacer gobierno. Saade, como samario y alto funcionario de la Presidencia, sabe lo que significa impedir que esa ola de transformación sea barrida por intereses mezquinos.
En medio del ruido, sus palabras suenan como una garantía, pero también como un llamado a la vigilancia: el respeto a los derechos políticos no puede depender del poder de turno. Es un principio democrático que, en territorios como el Magdalena, se debe proteger con firmeza.
Con el pueblo, no contra él
Lo que queda claro es que, pese a las turbulencias, hay una ruta que se mantiene firme: obras con visión de futuro, respeto por el mandato popular y un mensaje directo a quienes creen que el poder se toma por decreto: el pueblo ya eligió, y esa decisión no se borra con maniobras políticas.
El falso documento que hizo tropezar a más de uno quedando en ridículo
El documento, cuyo contenido pretendía sustentar una supuesta actuación administrativa en contra del movimiento Fuerza Ciudadana, fue rápidamente difundido como si se tratara de información oficial. Sin embargo, su inconsistencia básica —fechar un acto en un día que no corresponde al calendario— bastó para que muchos lo calificaran de burla a la inteligencia pública.
Martínez fue categórico: “Este nivel de improvisación solo refleja el desespero. Están tan apurados por quitarnos del camino que no se toman ni el trabajo de cuadrar un domingo con la fecha que inventan”. Y añadió: “Esto no es solo una muestra de ineptitud, sino una radiografía del tipo de politiquería burda que estamos enfrentando”.
Medios: ¿informadores o replicadores de encargos?
Más allá del grotesco error, lo preocupante para Rafael Martínez —y para quienes defienden el derecho a una información veraz— es que varios medios, incluso algunos con alcance nacional, replicaron la información sin hacer el mínimo ejercicio de verificación. No llamaron a confirmar fuentes. No cotejaron fechas. No analizaron el contenido jurídico. Solo dieron “copiar y pegar”, como si el oficio periodístico se limitara a seguir cadenas de WhatsApp.
Esta situación ha generado una nueva reflexión sobre el papel de los medios en escenarios de polarización política. ¿Qué tanto rigor se exige cuando el objetivo es atacar a un movimiento alternativo como Fuerza Ciudadana? ¿Por qué se tolera este tipo de atropellos a la ética informativa cuando conviene a intereses tradicionales?
Más allá del error: el contexto de la persecución
Este “detalle del calendario” no es un hecho aislado. Se suma a una serie de decisiones, publicaciones, filtraciones y montajes que, en conjunto, configuran lo que Rafael Martínez ha denunciado como una persecución política y jurídica orquestada para desconocer el mandato popular que seis veces consecutivas ha respaldado a Fuerza Ciudadana en las urnas.
Lo más grave, según Martínez, es que todo este entramado no solo apunta a deslegitimar a sus líderes, sino a frenar el avance del Magdalena, congelando proyectos fundamentales como las universidades en El Banco y Ciénaga, los sistemas de acueducto, y programas sociales que hoy están en el limbo por cuenta del caos administrativo y la intervención centralista.
¿Quién responde por el retroceso?
“Se equivocaron de día, pero sobre todo se equivocaron de estrategia”, advirtió Rafael Martínez, dejando claro que ni los errores burdos ni los ataques disfrazados de noticias detendrán la lucha por defender el derecho del Magdalena a tener un gobierno elegido por el pueblo y no impuesto desde Bogotá o desde los despachos judiciales.
Con este nuevo episodio, queda claro que el verdadero costo de esta persecución no lo pagan los líderes de Fuerza Ciudadana, sino la comunidad magdalenense, que hoy ve paralizadas sus oportunidades de educación, salud, empleo y desarrollo, mientras la politiquería tradicional vuelve a jugar sucio y los medios afines caen —o se lanzan de lleno— en la trampa de la desinformación.
Es impresentable que un diputado haya utilizado a ciertos medios de comunicación para generar ruido político y confundir a la población con información falsa sobre un supuesto encargo en la Gobernación del Magdalena.
Fuentes cercanas señalan que, cuando se emita el decreto oficial, será similar a los que se han expedido en casos como la Gobernación del Putumayo o las alcaldías de Vichada, Duitama, Oiba y Coyaima. La maniobra deja en evidencia el uso de la desinformación como herramienta política.
La pregunta sigue en el aire: ¿Hasta cuándo seguirá el Magdalena siendo castigado por elegir diferente?
