La Guajira se enfrenta a un riesgo extremo debido a la disputa territorial entre el EGC y las ACSN, que amenaza la vida, libertad e integridad de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, según la Alerta Temprana 010 de 2025 emitida por la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas frente al creciente riesgo humanitario en el departamento de La Guajira, tras emitir la Alerta Temprana (AT) 010 de 2025. Esta alerta advierte sobre la disputa territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que afecta gravemente a los municipios de Dibulla, San Juan del Cesar y la ciudad de Riohacha.
Según la entidad, el EGC, a través del Frente Francisco José Morelos Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado, busca expandirse militar, territorial y políticamente, mientras que las ACSN, por medio del Frente Javier Cáceres, recrudecen su control armado en estas zonas. La población civil enfrenta un riesgo extremo, en particular comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, además de grupos especialmente vulnerables como niños, mujeres, personas LGBTIQ+, defensores de derechos humanos y líderes sociales.
La Defensoría denunció que los habitantes están expuestos a múltiples formas de violencia, que incluyen enfrentamientos armados, homicidios selectivos, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento forzado de menores, violencia sexual, extorsión y restricciones a la movilidad. También preocupa la imposición de “normas de conducta” por parte de estos grupos armados no estatales.
“Estamos ante una situación crítica donde los derechos fundamentales de miles de personas están siendo vulnerados sistemáticamente. Las comunidades están siendo despojadas de su territorio, sus estructuras sociales y su tranquilidad”, alertó la Defensoría.
La situación amenaza también infraestructura protegida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como escuelas, centros de salud y lugares sagrados indígenas. Los grupos armados buscan tomar control de corredores estratégicos como la Troncal del Caribe y zonas de la Sierra Nevada, con el objetivo de instaurar gobiernos de facto mediante el miedo y la violencia.
La Alerta Temprana detalla los niveles de amenaza para las distintas zonas: en Riohacha, se ven comprometidas sus 10 comunas, 14 corregimientos, 66 consejos comunitarios y 15 resguardos indígenas; en Dibulla, seis corregimientos, ocho consejos comunitarios y tres resguardos; y en San Juan del Cesar, el casco urbano, diez corregimientos, 26 consejos comunitarios y tres resguardos indígenas.
Frente a este escenario, la Defensoría emitió 31 recomendaciones distribuidas en siete ejes estratégicos que apuntan a una intervención integral. Entre ellas se destacan:
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Coordinación de la respuesta rápida con el apoyo de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat).
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Despliegue sostenido de operaciones de disuasión por parte de la Fuerza Pública, bajo un enfoque de seguridad humana.
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Implementación de medidas de protección colectiva para pueblos indígenas y afrodescendientes.
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Activación inmediata de respuestas humanitarias ante posibles desplazamientos masivos.
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Políticas públicas enfocadas en mitigar las condiciones de exclusión social que fomentan el conflicto armado.
Además, se solicitó el acompañamiento del Ministerio Público y la adopción de medidas diferenciales de protección y asistencia humanitaria que atiendan las particularidades de los grupos más afectados.
“La respuesta del Estado no puede seguir siendo fragmentada ni tardía. Urge una acción articulada, estructural y sostenida para frenar el avance de estos grupos y proteger la vida, la dignidad y el territorio de las comunidades”, concluyó la Defensoría.
Y.A.
