La condena impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez ha encendido la chispa de una nueva movilización política en Colombia. El Centro Democrático, partido fundado por el exmandatario, convocó a una jornada nacional de protesta para el próximo 7 de agosto, en lo que han calificado como una defensa a su líder frente a lo que consideran un fallo “injusto y politizado”.
Uribe, hallado culpable por un tribunal en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno, deberá cumplir 12 años de arresto domiciliario, en un caso que ha estado bajo escrutinio público por más de una década. La sentencia lo convierte en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, un hecho sin precedentes en la historia del país.
Desde el uribismo, las reacciones no se han hecho esperar. Voceros del partido, incluyendo a aspirantes presidenciales y congresistas, han denunciado una supuesta estrategia judicial para silenciar políticamente al exmandatario. Además, han organizado una gira internacional con el fin de exponer el caso en escenarios globales, denunciando lo que llaman una “campaña de desprestigio judicial”.
En ciudades como Ibagué, Pereira y Montería, se han desarrollado concentraciones espontáneas y caravanas en apoyo al expresidente, las cuales anticipan una movilización masiva el Día de la Batalla de Boyacá, fecha con un alto contenido simbólico para los sectores conservadores.
Polarización en aumento
Mientras simpatizantes del Centro Democrático se preparan para tomar las calles, otras voces del país celebran el fallo como un paso hacia la igualdad ante la ley. Para colectivos de víctimas, sectores de izquierda y organizaciones civiles, la decisión judicial representa un acto de justicia largamente esperado.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha mantenido una postura de respeto hacia las decisiones de los jueces, subrayando la necesidad de preservar la independencia del poder judicial en medio de la creciente tensión política.
El caso Uribe, más allá del terreno legal, se ha transformado en un nuevo eje de polarización nacional, que podría tener un peso decisivo en el panorama electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
