Álvaro Uribe no se quedó callado. Luego de las reiteradas publicaciones del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X (antes Twitter), donde lo relaciona con homicidios, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción, el expresidente —a través de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados— interpuso una denuncia por los delitos de calumnia y hostigamiento político.
La acción judicial fue radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el único organismo facultado para investigar penalmente al jefe de Estado. Según el comunicado del equipo legal, las afirmaciones de Petro —hechas los días 28 y 29 de julio de 2025— “carecen de respaldo judicial y buscan estigmatizar a un líder político de amplia relevancia nacional”.
Los abogados sostienen que las expresiones del mandatario no solo afectan el buen nombre de Uribe Vélez, sino que configuran un patrón de “retaliación política” desde el poder Ejecutivo. Para ellos, el presidente ha cruzado los límites constitucionales y del derecho internacional al usar su investidura para emitir discursos que podrían considerarse como “odio ideológico”.
Uno de los ejemplos citados en la denuncia es el trino en el que Petro, respondiendo a Federico Gutiérrez, dijo que Uribe no combatió el paramilitarismo, sino que pactó con ellos.
“El presidente no puede usar el aparato del Estado para atacar a sus opositores. Esto es una vulneración clara al equilibrio democrático”, concluyó el comunicado de la firma defensora del exmandatario.
Ahora, la pelota está en el terreno de la Comisión de Acusación, que deberá analizar si existe mérito para iniciar un proceso formal contra el presidente de la República. El pulso político y judicial entre Petro y Uribe, lejos de apaciguarse, sigue escalando a nuevas instancias institucionales.
