La Superintendencia de Salud ordena seguimiento técnico y control financiero sobre la Nueva EPS, priorizando la protección de los usuarios y la transparencia en el uso de los recursos del sistema de salud.
La Superintendencia Nacional de Salud anunció la implementación de nuevas medidas preventivas y cautelares sobre la Nueva EPS, una de las principales entidades prestadoras del país, con el propósito de salvaguardar los derechos de los afiliados y garantizar la correcta destinación de los recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Estas decisiones surgen en medio de crecientes preocupaciones sobre la eficiencia en el uso de los fondos de salud y la adecuada prestación de servicios. La Supersalud, en cabeza del superintendente Giovanny Rubiano, explicó que las disposiciones buscan reforzar la vigilancia sobre el manejo financiero de la entidad y su cumplimiento con el plan de trabajo previamente aprobado por el ente regulador.
Entre las medidas adoptadas destaca la orden a la contralora designada para la Nueva EPS, quien deberá realizar un seguimiento estricto sobre las postulaciones para el giro de recursos a los prestadores y proveedores de servicios de salud. “La contralora deberá emitir concepto técnico, con base en los criterios de legalidad, oportunidad y destinación de los recursos”, subrayó Rubiano, añadiendo que estas evaluaciones deberán estar documentadas y sustentadas con recomendaciones claras sobre la viabilidad de cada giro.
La segunda acción incluye la presencia constante de un equipo técnico de la Delegatura de Aseguramiento en la sede de la Nueva EPS, cuya tarea será verificar en tiempo real el cumplimiento del plan de trabajo definido por la Superintendencia. “El seguimiento será presencial y permanente, para evitar desvíos o incumplimientos que puedan afectar la salud de los ciudadanos”, puntualizó Rubiano.
Estas decisiones buscan, además, enviar un mensaje contundente a todos los actores del sistema. “La demora, la negación de un servicio, la entrega incompleta e inoportuna de un medicamento y las barreras de cualquier índole que se interpongan a la prestación de los servicios en salud ponen en riesgo la integridad y el derecho a la salud de todos los ciudadanos”, advirtió el superintendente.
La Supersalud recordó que el sistema de salud colombiano se sostiene sobre recursos públicos que deben ser manejados con transparencia, eficiencia y compromiso. Por ello, enfatizó en la necesidad de una actuación responsable y coordinada entre las EPS, prestadores y proveedores.
Con esta intervención preventiva, la Superintendencia busca no solo corregir posibles fallas en la operación de la Nueva EPS, sino también proteger los derechos fundamentales de millones de colombianos afiliados, para quienes el acceso a una atención oportuna, integral y digna no puede depender de retrasos administrativos o manejos inadecuados de los recursos.
Y.A.
