Mientras la Sección Quinta del Consejo de Estado cae bajo sospecha por fallos selectivos en casos de doble militancia, crece la expectativa sobre una inminente sentencia de la Corte Constitucional que podría devolver a Rafael Martínez a la Gobernación del Magdalena.
Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD.
Una justicia en tela de juicio…
El fallo que removió a Rafael Martínez de la Gobernación del Magdalena ha revelado las profundas grietas de una justicia electoral cuestionada por su parcialidad y sesgo político. El periodista Alejandro Arias, en su análisis político explica que la Sección Quinta del Consejo de Estado, al anular la elección de Martínez por una supuesta doble militancia, dejó ver cómo los tribunales pueden convertirse en instrumentos al servicio de intereses hegemónicos más que en garantes del voto popular.
El pronunciamiento de Carlos Caicedo, líder de Fuerza Ciudadana, fue categórico: “Nos tumbaron al gobernador del Magdalena […] tanta saña es físico miedo al cambio con resultados que representamos desde la fuerza del pueblo raso”. Caicedo no habla solo desde el agravio político, sino desde una constatación verificable: el Consejo de Estado ha aplicado un doble rasero. En casos similares, con pruebas más contundentes, la misma Sección ha optado por la indulgencia.
Asumimos este nuevo golpe a nuestro movimiento y causa política, con dignidad —en lo personal y en lo colectivo— y lejos de debilitarnos, nos da más razones para profundizar el cambio que ya empezamos a construir en Colombia.
Nos robaron el umbral de la lista al senado, nos… pic.twitter.com/A2KeQpj5DR— Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) August 1, 2025
Casos comparativos y pruebas cuestionables
Uno de los aspectos más críticos de este proceso fue la prueba utilizada contra Martínez: un video editado y manipulado, como lo admitieron incluso los peritos forenses del demandante. Aun así, el Consejo lo validó. En contraste, casos como el del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, ambos con pruebas más sólidas, fueron absueltos por esa misma sección judicial. El criterio parece fluctuar según el peso político de los acusados y sus respaldos partidistas.
¿Justicia o instrumento de poder?
Más allá del fallo, lo que realmente inquieta es el contexto político que lo rodea. La salida de Martínez no fue solo una disputa legal: fue una operación estratégica en la que participaron figuras del calibre de Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras, Efraín Cepeda y Alexander Vega, este último reconocido por su papel como registrador en episodios previos contra candidatos de Fuerza Ciudadana. La judicialización selectiva se ha convertido en un método de exclusión política.
El caso de Ponedera, Atlántico, es otra muestra del patrón. La Sección Quinta falló contra el alcalde Aristarco Romero basándose en un enlace a un video que desapareció y que los magistrados jamás vieron, pero cuya existencia validaron simplemente porque el juez de primera instancia sí lo hizo. Así, el precedente jurídico fue sustituido por la fe ciega en una primera sentencia, sin garantías plenas de prueba.
Una posible reversa institucional
Todo apunta a que la Corte Constitucional, en las próximas semanas, se pronunciará con un fallo de unificación que establecería límites a los abusos interpretativos de la Sección Quinta. De concretarse esta sentencia, podría significar la restitución de cargos a varios funcionarios apartados bajo decisiones que hoy son puestas en duda. Entre ellos, Rafael Martínez.
Este giro institucional no solo devolvería dignidad a los votos de más de 300.000 magdalenenses, sino que también abriría un debate nacional sobre el papel de las altas cortes en la configuración del poder político en Colombia.
¿Pueden los jueces destituir a voluntad a funcionarios electos sin garantías sólidas de imparcialidad? ¿Dónde termina la legalidad y empieza la conveniencia política?
Resistir con raíces firmes
El mensaje de Caicedo resuena con fuerza simbólica: “Nos quisieron tumbar un árbol, pero no saben que ya somos bosque”. El liderazgo de Martínez, más allá del cargo, encarna una apuesta por un modelo alternativo de gobernanza regional, uno que incomoda a los clanes tradicionales y sus alfiles en las cortes.
En una democracia que pretende madurar, la justicia electoral no puede ser un brazo del poder establecido. Si la Corte Constitucional decide actuar en justicia, será más que un regreso de Martínez: será un paso firme hacia la reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones.
Y.A.
