En un fallo sin precedentes en la historia política de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por su responsabilidad en un caso de fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión fue emitida por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien además impuso una sanción económica equivalente a 2.420 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilitación política de más de ocho años.
Durante la audiencia, que generó amplio interés nacional, Uribe reaccionó con firme rechazo al fallo y lo calificó como una «decisión política». Afirmó que el sistema judicial está contaminado por intereses ideológicos y que fue víctima de una persecución liderada, según él, por el senador Iván Cepeda.
El caso se remonta a una larga disputa judicial entre Uribe y Cepeda por declaraciones de exparamilitares. El expresidente fue acusado de intentar manipular testimonios de excombatientes, con ayuda de su abogado Diego Cadena, para desvirtuar acusaciones en su contra sobre vínculos con grupos armados ilegales. La Fiscalía argumentó que existieron ofrecimientos de beneficios a testigos a cambio de declaraciones favorables al exmandatario.
Aunque fue absuelto del cargo de soborno simple, los otros dos delitos fueron considerados suficientemente probados para imponer una medida de reclusión domiciliaria, teniendo en cuenta su avanzada edad y estado de salud.
Uribe ha anunciado que apelará la decisión, y su defensa insistió en que existen irregularidades en el proceso. El fallo, sin embargo, ya ha encendido un fuerte debate público y ha movilizado a sus seguidores, quienes desde el partido Centro Democrático han convocado manifestaciones en apoyo a su líder.
Este proceso marca un capítulo crucial en la historia judicial del país, donde por primera vez un expresidente enfrenta una condena penal, abriendo interrogantes sobre el futuro político de una de las figuras más influyentes de las últimas décadas en Colombia.
